Reforma laboral en tres fases, un cambio con un valor de 10,000 millones de pesos

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF) contempla una partida de 5,748.5 millones de pesos para poner en marcha la última fase de la implementación de la reforma laboral que dio vida al nuevo modelo de justicia y registro sindical, el cual cumple con los compromisos adquiridos por México dentro del T-MEC.

De esta manera, la bolsa acumulada para poner en funcionamiento el sistema que incluye la creación de nuevas instituciones especializadas en la conciliación y la justicia laboral, y el cual se contempló que entrara en vigor de manera escalonada en tres años, representa ya una partida cercana a los 10,000 millones de pesos.

El gasto para la implementación gradual de reforma laboral representa así es un poco más del doble del presupuesto anual de la Secretaría de Economía y de la Cámara de Senadores, y supera la partida para un año de funcionamiento de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los recursos solicitados para la implementación de la tercera y última fase en 2022 implican un aumento de 131% con respecto a la partida destinada en 2021, la cual incluyó recursos para la creación de nuevos centros de conciliación y tribunales laborales locales y federales en 13 estados, así como la operación del esquema en las entidades que arrancaron en 2020 y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Los más de 5,000 millones incluidos en el PPEF 2022 entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados este martes se distribuyen de la siguiente manera:

• $577.1 millones para la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
• $711.3 millones para el subsidio al que accederán las 11 entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia laboral
• $743.8 millones para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCL)
• $214.3 millones para la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)
• $3,502 millones para la creación de 77 tribunales laborales federales a cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF).

A diferencia del presupuesto de este año, en el 2022 el Poder Judicial absorberá los costos de operación de los tribunales laborales instalados en las dos primeras fases de implementación de la reforma.

La transición al nuevo modelo de justicia y democracia sindical se planeó en tres fases. El próximo año se llevará a cabo la implementación de la última etapa con la integración de once estados: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y la Ciudad de México. En mayo de 2022, de acuerdo al plan inicial, el nuevo mecanismo de solución de conflictos operará a plenitud en todo el país.

“La reforma laboral constituye un elemento clave en la política económica del país y en la seguridad jurídica de trabajadores, sindicatos y patrones, además de haber sido un tema central del acuerdo comercial con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de América”, se destaca en la exposición de motivos del Paquete Económico 2022.

La reforma de 2019 estableció cambios importantes en las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva, como el voto personal, libre, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales y negociación de contratos colectivos.

Además, los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) pavimentaron el terreno para la creación de nuevas autoridades laborales encargadas de resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores, con una apuesta en la conciliación como vía para solucionar los asuntos y evitar la judicialización de los mismos.

A medida que la implementación de la reforma ha avanzado, el presupuesto también se ha incrementado. En 2020, los recursos destinados a la transición al nuevo modelo laboral fueron por 1,400 millones de pesos, un año después los fondos se elevaron a 2,500 millones de pesos porque se tenía que contemplar tanto la creación de las nuevas autoridades como la operación de las que nacieron durante la primera etapa de implementación.

Estados Unidos también aporta

El principal socio comercial de México está interesado en que la reforma laboral en México se implemente de manera efectiva y desde la entrada en vigor del T-MEC ha demostrado este interés con apoyo económico. En suma, el gobierno de Estados Unidos ha prometido 320 millones de dólares para la transición al nuevo modelo laboral en nuestro país.

Entre los recursos destinados por el gobierno de México y Estados Unidos, la inversión en la reforma laboral de 2019 se eleva a 16,000 millones de pesos.

El primer recurso ofrecido por el país vecino fue de 180 millones de dólares, presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del T-MEC. En tanto, es su visita a México en junio pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que su país invertiría 130 millones de dólares más en la implementación de la reforma laboral. Además, esta semana el Departamento de Trabajo estadounidense informó que nuestro país puede disponer de 10 millones de dólares adicionales para asistencia técnica en materia de inspección.

La transformación de la justicia laboral y las reglas de democracia sindical y negociación colectiva ha estado impulsada en buena medida por los compromisos asumidos por México en las negociaciones del T-MEC, un acuerdo comercial con un capítulo laboral cargado e influido por el Partido Demócrata de Estados Unidos, el mismo que recuperó la presidencia de la mano de Joe Biden.