Sindicatos se suman a defensa de trabajadores migrantes en México

El objetivo de la mujer no era México, sino Estados Unidos, pero en la migración indocumentada los planes a veces cambian. “Ahora necesita dos cosas básicas: dónde dormir y empleo”, cuenta Julia Gómez, directora del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes (CRTM).

Dicho centro es el único en su tipo en Latinoamérica, pues surgió y es gestionado por una organización obrera: Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM). Los recursos económicos los aporta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Iniciamos en Tijuana, Baja California y acabamos de abrir la segunda sede en Cancún, Quintana Roo”, cuenta Julia Gómez en entrevista.

La activista ejemplifica la labor que llevan a cabo con el caso de esta mujer colombiana que llegó a Cancún, pero no pudo continuar su camino. Sin conocer a nadie, sin dinero y con el temor de no tener documentos de estancia, había estado durmiendo en la calle.

Existen diferentes organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de derechos de las personas migrantes. Sin embargo, no se dan abasto ante la crisis de movilidad y pocas abordan el aspecto laboral.

Entre enero y julio de 2023, se han registrado 317,334 eventos de personas en situación migratoria irregular, como lo reporta el Instituto Nacional de Migración (INM). También informa de 105,311 “visitantes por razones humanitarias” para el séptimo mes del año.

“Apoyamos casos como éste, pero no somos una dependencia de migración. Ella nos ha pedido ayuda para tener trabajo e intentaremos conseguirlo, pero primero tenemos que resolver dónde va a dormir, no podemos dejarla en el parque donde había estado los últimos días”. Así que, para brindar la ayuda por la que se creó el centro, primero tendrán que resolver otros obstáculos.

“No los mandamos a trabajo irregular, porque no queremos que se violenten sus derechos. Lo que menos deseamos es que vaya a sufrir algún tipo de agresión en el empleo, desde un accidente laboral hasta la falta de garantía de sus derechos. Por lo tanto, vamos a acompañarla y referirla a las instancias oficiales y a conseguirle un albergue, no vamos a dejarla en la calle”.

Trabajadores y empleadores de migrantes

La inserción laboral es el principal objetivo del centro, “informar a las personas migrantes sus derechos y el proceso para el empleo decente”, dice Julia Gómez. “El otro es la defensa de sus derechos laborales, el acceso a la justicia en casos de explotación, trata de personas, detención de documentos”.

Además de las asesorías laborales para la contratación equitativa y los derechos que brinda el CRTM, también informan sobre los mecanismos de solución de conflictos, “que realmente es la conciliación. Es más difícil que una persona migrante pueda llegar hasta un proceso judicial laboral por el hecho de estar en movilidad”. Esto es más posible para las personas refugiadas, agrega.

En 2022, el SUCOMM —que agrupa a personal de la maquila en Tijuana y fue creado en 2017— abrió la primera sede del centro para trabajadores y trabajadoras migrantes, un modelo que la OIT ha puesto en marcha en países de otros continentes.

Pero pronto se dieron cuenta que no podían limitarse a lo estrictamente laboral. Así que las asesorías son también sobre gestión de trámites, migratorios y de identificación, regularizar su estancia para obtener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y un número de seguro social.

“Esta parte es muy importante, porque nosotros los vinculamos a trabajadores y empleadores” y necesitan todos esos documentos para laborar en el sector formal. Pero entonces se abre otra enorme labor: “Asesorar a los empleadores, que sepan que una persona migrante viene a colaborar con nuestra sociedad y puede ser contratada”.

Antes de crear el centro, una de las primeras acciones del sindicato para apoyar a la población migrante fue crear un manual de atención dirigido a las empresas. A pesar de ser una zona fronteriza, donde convergen personas que esperan ahí para cruzar a Estados Unidos o son retornadas desde ese país, en Tijuana muchas empresas no saben cómo contratar y gestionar a personal migrante, señala.

Esto ocurre desde las primeras personas con las que tienen contacto, “como las que atienden la recepción o el guardia a la entrada, les dicen que como son migrantes, no pueden trabajar ahí y les impiden u obstaculizan hablar con Recursos Humanos”.

La idea que prevalece en la sociedad y las compañías es que, incluso teniendo una tarjeta de visitante por razones humanitarias, las personas migrantes no tienen derecho a ser contratadas y están equivocadas, subraya, “con ese documento sí pueden tener un empleo formal”.

Pero aunque hay mucha desinformación, las empresas en Tijuana “han tenido mucha apertura para aprender y luego capacitar a Recursos Humanos. O nos buscan si tienen alguna duda en casos concretos de contratación”.

Una pregunta recurrente al inicio era si tenían que pagar primas más altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más impuestos o cualquier otro cobro extra por contratar migrantes, cuenta la activista. “Y no, la Ley de Migración permite que hasta el 10% de sus plantillas sea de personal extranjero, y esos costos extras no son mayores a que si contratan a un nuevo elemento mexicano”.

También deben tener claro, continúa Julia Gómez, que “les tienen que garantizar los mismos derechos laborales que a una persona mexicana. En las asesorías que les hemos brindado hacemos hincapié en que de ninguna manera puede discriminarlos o hacer una diferencia”.

Para todo eso se apoyan con organizaciones de la sociedad civil y con el Ayuntamiento, dice. De esa forma han ido creado una agenda de inclusión laboral migrante.

¿Son corruptos los sindicatos?

“Como mexicana, por supuesto que no creía en el sindicato. Por toda la corrupción que hubo por décadas en la mayoría de las organizaciones sindicales, no confiaba en ellos”, se sincera Julia Gómez.

Su trayectoria se había desarrollado en organizaciones de la sociedad civil y estaba un poco escéptica de este proyecto. Pero “ha sido una nueva manera de ver el sindicalismo”. No es algo común que un organización gremial destine recursos para apoyar a trabajadoras y trabajadores que no formen parte de sus filas y mucho menos a la población migrante.

Con el nuevo centro en Cancún, la OIT y el SUCOMM esperan que la iniciativa sea replicada por otros sindicatos en países de Centroamérica y el Caribe, y que pronto se pueda crear un corredor mesoamericano de atención laboral a personas migrantes.

El CRTM en aquella localidad del sureste mexicano es dirigido por Alicia Ramírez y también cuenta con el apoyo económico de la OIT. Recién abierto, llegó el caso de la migrante colombiana.

Pronto le ayudaron a tramitar un permiso de estancia regular, el cual tiene una vigencia de 180 días. Con eso y el albergue al que la han canalizado, le han dado un primer respiro, falta que le consigan un trabajo temporal.

Aún piensa llegar a Estados Unidos, pero también comienza a dudarlo. Como sea, necesitará dinero y “no la vamos a dejar que vuelva a la calle, donde la pueden levantar o captar para explotación sexual”, dice Julia Gómez.