Vivir con VIH, ser homosexual y decirlo abiertamente en el trabajo: ¿Cuál es el costo?

Carlos Escobar sentía que una bola de nieve iba creciendo y estaba a punto de aplastarlo. “Acá están las hojas, ahí dice mi padecimiento”, dijo acorralado. El gerente comercial de Grupo Estrella Roja (GER) le arrebató los documentos y leyó lo que en esa empresa habían buscado comprobar por casi dos años mediante hostigamiento, acoso y discriminación: VIH.

Era mayo de 2019 y estaba a punto de ser despedido. Pero se mantuvo otros dos años más en esa compañía de transporte con sede en Puebla. Al final, en febrero de este año, lo despidieron por haber obtenido una baja evaluación, pero le pidieron que él firmara su renuncia, con ello perdería el derecho a una liquidación.

En esos cuatro años fue presionado para practicarse una prueba de VIH; sufrió tocamientos no consentidos en el área de los genitales por parte de sus compañeros, nalgadas, burlas de superiores por su orientación sexual y tono de piel, aislamiento, sobrecarga de trabajo, acusación de fraude y, al final, robo de fotografías íntimas y difusión no autorizada, según ha relatado a El Economista.

Su caso se investigaba en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos contra la población LGBTTQI+ de la Fiscalía de Puebla, pero le dieron carpetazo. Debido a que una jueza le ordenó a Sergio Ortiz, agente del Ministerio Público, reabrir el expediente, se volverá a investigar.

Además de nombrarlo “maricón”, Ortíz desestimó una prueba: un acuerdo que el apoderado legal de GER, Daniel Toxqui, la entonces jefa del call center, Elizabeth Castillo Olmedo, y el exgerente Comercial, Eduardo Castillo Cisneros, firmaron con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde aceptan haber cometido discriminación.

“Es que Carlos dice, pero no tenemos pruebas y empieza esta guerra de acusaciones en la que la empresa se ve envuelta”, señala José Ramón Celma, director de Transporte de Pasajeros de GER. Esta situación ocurrió “en el entorno laboral, pero él denuncia a compañeros de trabajo”, no a la organización, sostiene en entrevista.

Reforma contra pruebas de VIH/Sida

Los artículos 1 de la Constitución y 2 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíben la discriminación por condición de salud, género o preferencias sexuales, entre otros motivos. Pero el Senado busca incluir el impedimento de las pruebas de VIH/Sida para condicionar el ingreso, permanencia o ascenso en un empleo.

En comisiones, ya fue aprobado un dictamen para reformar la LFT, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Educación y la Ley General de Salud en este sentido. La idea es proteger a las personas que viven con VIH y Sida en el trabajo, en la migración y privadas de su libertad, e impulsar la educación al respecto. De aprobarse, estaría prohibido despedir a una persona por vivir con esa condición de salud o presionarla para que renuncie.

Entre 2012 a marzo de 2022, el Conapred recibió 317 quejas de personas que viven con VIH, el 41% por discriminación en el ámbito laboral, según ese organismo.

“Es sumamente prudente la reforma porque las leyes universales no necesariamente nos protegen de particularidades. Necesitamos garantías especificas porque específicamente se nos violenta el derecho a trabajar por tener VIH”, dice Carlos Ahedo, coordinador del programa Salud Positiva de la organización Yaaj México. 

“No estaba preparado”

A finales de 2021, casi 15,800 personas habían sido notificadas de su condición de VIH, según la Secretaría de Salud (SSa). Carlos Escobar lo supo en 2010, “fue el peor día de mi vida”, dice. Es casi el final de la entrevista, durante más de dos horas había contenido el llanto, pero no pudo más. 

Lo contuvo incluso cuando recordó que, cerca de una navidad, Elizabeth Castillo, su exjefa, le regaló una taza con el apodo que él odiaba. “Canela será tu nombre de batalla, porque eres moreno”, le dijeron un día sus compañeros refiriéndose a cómo sería conocido en el mundo del trabajo sexual.

Elizabeth Castillo “los involucró en sus burlas contra mí”, dice. “¿A qué baño vas, Carlitos, al de hombres o al de mujeres?”, le cuestionaba frente a todos. “¿Haces parado o sentado?”, se animó a preguntar un día un compañero.

Años antes, cuando supo su diagnóstico, su primer pensamiento fue de estar sucio. Quitarse la vida fue el segundo. Tenía 21 años y cursaba la universidad, pero el terror a que alguien se enterara lo encerraron en su cuarto por meses y dejó de estudiar. A los 28 años comenzó a trabajar en esa empresa y retomó la universidad.

“En Estrella Roja me orillaron a decir que vivo con VIH y no estaba preparado”, expresa.

Derecho al anonimato

El VIH es la infección de un virus que afecta el sistema inmunológico, explica Carlos Ahedo, enfermero y activista. Sólo si no se le trata, avanza a la fase denominada Sida.

El medicamento lleva la carga viral a cero, “se le llama ser indetectable. Es imposible que una persona con VIH, bajo tratamiento antiretroviral, transmita el virus”, subraya el integrante de Yaaj México, organización por los derechos de la población LGBTTQI+.

“Entré a trabajar en junio de 2017 en el call center”, cuenta Carlos Escobar. En noviembre de ese año tuvo un fuerte malestar estomacal y acudió a su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Eso lo retrasó, así que para evitar que le descontaran el día, solicitó una nota médica como justificante.

“Le pedí a la doctora que no anotara mi condición serológica y dijo que sí”. Por las prisas, no la revisó. Al día siguiente, frente a un compañero como supuesto testigo, le indicaron que, por orden de Eduardo Castillo Cisneros, gerente Comercial de GER, debía proporcionar su historial médico, pues tenía VIH. Carlos se asustó, dijo que había sido un error y que aclararía el malentendido. Pero le pidieron que se practicara una prueba, señala.

“Las personas con VIH existimos y coexistimos, podemos ser tu médica, tu chofer, tu tatuador, quien corta la carne”, dice Carlos Ahedo, de Yaaj. “Debemos tener derecho a manifestar que vivimos con VIH sin riesgo a que nos corran, pero también al anonimato”.

Entre el acoso y dos despidos

Con ayuda del Conapred, Carlos obligó al IMSS a corregir la nota, pues el instituto se había negado. Llevó el nuevo documento a su trabajo, pero no le creyeron, dice. Elizabeth Castillo, su jefa, intentó averiguar más: “Fue amable, luego preguntó sobre mi preferencia sexual, le dije que eso era extralaboral y entonces empezó todo”.

El acoso fue gradual, dice, criticaba su vestimenta, su modo de hablar. Cambió los lugares en la oficina y a él lo aisló en un rincón. Le pidió al personal no saludarse de beso y no compartir vasos ni botellas, dice Carlos. Y a él le solicitó usar una servilleta para tocar el servidor de agua. “Era como en covid, pero sin covid y sólo por mí”.

Después aumentó sus funciones. “Un día me puso con un compañero homofóbico para que me capacitara, pero no me daba la información completa y me regañaban. Le tuve que decir a una supervisora y le llamó la atención, él se molestó y me dijo frente a todos: ‘Eres un maldito sidoso y te vas a morir solo’. Elizabeth se rió”.

Cambiaba sus horarios de un día para otro, lo regresaba a casa. Un par de compañeros le recomendaron utilizar el canal de transparencia, donde la empresa recibe denuncias del ambiente laboral o el mal uso de los recursos. Ellos también denunciaron. Lo hicieron vía telefónica y, a pesar de que podía ser anónimo, dieron sus nombres, asegura. “Dijimos lo de los apodos, los cambios de horario, la sobrecarga de trabajo y el hostigamiento”, cuenta.

“Para nosotros no existió ese registro”, dice José Ramón Celma, ejecutivo de Grupo Estrella Roja. Las denuncias las recibe una empresa de auditoría externa, “con toda la confidencialidad” y pasan el caso a cada área.

De acuerdo con Carlos, después de eso Eduardo Castillo se reunió con cada uno de los denunciantes. “Me dijo que si me encargaban tanto trabajo es porque confiaban en mí y lo creí”. Pero Elizabeth Castillo recrudeció su trato, dice.

“Nos llama mucho la atención que sólo haya llevado el caso en términos judiciales y no con sus jefes (…) se ha acercado sólo a las autoridades y a los medios, nunca con Elizabeth”, dice José Ramón Celma. Pudo haberlo dicho a otras personas en la empresa, agrega.

—¿A qué área se pudo haber acercado que tuviera el conocimiento para atender estos casos, un protocolo para hacerlo y una autoridad conferida por la empresa para investigarlos?

—No lo teníamos en ese momento, pero pudo irlo escalando a nivel jerárquico. Los mecanismos estaban, como el de denuncia— responde Celma.

En mayo de 2019 Carlos fue acusado de pedir la devolución del pago de un par de boletos de autobús de Estrella Roja. Él asegura que las pruebas no tenían sustento, Celma sostiene que sí. Como sea, le sirvieron a Eduardo Castillo para orillarlo a que le informara de su condición y, luego, despedirlo. 

Carlos buscó de nuevo a Conapred y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Puebla y logró que le devolvieran el empleo. En junio de ese año le ofrecieron una vacante en el taller mecánico y aceptó, pero el acoso empeoró.

Sus compañeros del taller obtuvieron fotografías y videos íntimos con su pareja y los difundieron, cuenta. Lo tomaban desprevenido y le daban nalgadas o tocaban sus genitales por encima del pantalón. Al final, la empresa lo despidió por haber salido muy bajo en la evaluación de metas. 

Las otras luchas paralelas

En Puebla, dice Carlos Escobar, en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), la opción para quienes no tienen seguridad social, suelen faltar los antiretrivirales.

“No podía quedarme sin el IMSS, mi meta es llegar a ser indetectable y si me quedaba sin trabajo iba a ser un retroceso, por eso aguanté. Y porque no es fácil que me contraten en otro lugar”.

La empresa no tomó acciones “específicas” con Elizabeth Castillo y Eduardo Castillo. “Hemos invitado a gerentes a tomar el curso de Conapred, el 80% ya lo tomó”, dice José Ramón Celma. Pero Eduardo Castillo no.

“Es el primer caso que nos llega, pero no creo que Carlos sea el único con VIH en la organización, seguramente hay muchas personas y no existe tema con ellas. Es lo que nos ha generado esa duda, ¿por qué Carlos ha tenido esa recurrencia dentro de la organización en dos lugares diferentes?”, agrega.

—¿Cuentan con un protocolo para prevenir la discriminación y la atención de casos de violencia, como lo ordena la LFT?

—No, para ser honestos no lo tenemos. Lo estamos iniciando, esto nos ha traído esa realidad.

Y cuando llegan las denuncias al área de auditoría “no hay protocolo específico para cada una de las situaciones, como se van presentando los vamos trabajando”, reconoce.

“De manera personal, creo tenemos que continuar aprendiendo. Desde la empresa, la covid-19 nos enseñó que debemos seguir evolucionando. Este tema lo tomamos a todos los niveles de la organización, empezando con la directiva. Es una realidad a la que le tenemos que entrar y es muy probable que formalicemos un comité”.

De niño, Carlos Escobar quería luchar contra la contaminación. “Ya todos saben que vivo con VIH, yo no quería, pero mi historia puede servir para que no se repita”. Su lucha ahora es otra.