Destrucción, Militarización, Corrupción

Es corriente la creencia de que el gobierno actual carece de proyecto de nación, y que se conduce de manera errática y caprichosa, sólo bajo el influjo del resentimiento, una ideología incoherente y retardataria, ocurrencias iluminadas, y simple y supina ignorancia. No obstante, en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se ha ido perfilando en el trasfondo, una mente siniestra de rasgos canónicos advertibles. Uno, es la multiplicación de subsidios clientelares con la motivación de comprar votos y voluntades, financiados a partir de la destrucción de instituciones de la administración pública y de servicios públicos, así como del saqueo de fondos y fideicomisos, y la acumulación de deuda. Se trata de una gigantesca y apabullante maquinaria diseñada para ganar elecciones. Otro, es la militarización. Las fuerzas armadas van ocupando y capturando espacios cada vez mayores y más diversos, a través de empresas, negocios, contratos, proyectos, y funciones administrativas civiles cruciales.  La militarización ha adquirido ya el formato de un auto-golpe militar “suave” y gradual, en el cual el poder civil y militar se van confundiendo al grado que es difícil discernir cuál es subordinado de cuál. El tercero, es un propósito corruptor de las Fuerzas Armadas, política expresa de gobierno, encubierta por un discurso pueril y reiterado de falsa pureza atribuida al presidente. Para ello, las compras mayoritarias a través de asignaciones directas y empresas fantasma, y no por licitaciones; la opacidad; el acoso y desmantelamiento de mecanismos de transparencia; el uso del concepto de seguridad nacional como manto negro que esconde la discrecionalidad en el gasto; la inutilización del Sistema Nacional Anticorrupción; y, la deconstrucción, destrucción o envilecimiento de organismos autónomos del Estado, que han sido contrapesos del poder presidencial. El objetivo cada vez más obvio es la concentración creciente de poder soportado por la lealtad y complicidad de las Fuerzas Armadas, hacia ideologías estatistas y de un nacionalismo fanático, infantil y anacrónico.

En los últimos días, esta mente siniestra ha dejado ver todo su perfil, su vesania y perversión, de una manera brutalmente frenética y eficaz, a través de legislación en la Cámara de Diputados aprobada al vapor, tramposa e ilegalmente, por el partido en el poder y sus aliados. Veamos. Después de haber destruido el Seguro Popular en 2019, ahora el presidente desaparece su propio Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y, por medio de modificaciones a la Ley General de Salud, le transfiere todos sus presupuestos y responsabilidades al IMSS. Es el reconocimiento cínico de un fracaso, y otra ocurrencia más de concentración de poder. También, con modificaciones a diversas leyes de comunicaciones y transportes, se le otorga al Ejecutivo la facultad de otorgar títulos de asignación de vías férreas a las Fuerzas Armadas con vigencia indefinida. Con cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y Leyes de Aeropuertos y Aviación Civil, se le entrega a las Fuerzas Armadas el control del espacio aéreo nacional. Modificaron la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo para darle a las Fuerzas Armadas 80% los recursos obtenidos por el pago que hacen los visitantes extranjeros para obtener su documentación de ingreso al país. Son más de 20 mil millones de pesos que antes se destinaban a FONATUR para la inversión en infraestructura turística, esencialmente lo relacionado con el mantenimiento y mejora de los Centros Integralmente Planeados (como Huatulco, Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto). Los militares recibirán estos recursos en un fideicomiso sin estructura, opaco y discrecional, supuestamente, para la construcción y operación de aeropuertos, ferrocarriles (Tren Maya), y operaciones inmobiliarias.

Por otro lado, se desaparece a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, fundamental para el financiamiento productivo al sector primario, y que operaba con números negros hasta 2019. Sus recursos serán transferidos a subsidios clientelares directos a productores rurales. Se impuso asimismo una nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, sin los parlamentos abiertos acordados, y en contra de la opinión de la comunidad científica. Es una ley centralizadora, ideologizada, que limita la libertad de investigación, golpea a los Centros Públicos de Investigación, excluye al sector privado y a universidades privadas, expulsa a la comunidad científica de los cuerpos colegiados de decisión, e incorpora a las Fuerzas Armadas (¡!) a la Junta de Gobierno del CONACYT. Por último, se concentró en la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de todas las Unidades de Administración y Finanzas y de los Órganos Internos de Control de distintas dependencias del sector público, excepto, claro, de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Todo ello, en estos dos días aciagos, se perpetró con el voto en contra de la oposición (PAN, PRI, PRD). Ostensiblemente, no son decisiones inconexas y ocurrentes, sino componentes inherentes a un proyecto de militarización, corrupción, destrucción institucional, y concentración de poder. Al tiempo.

@g_quadri