2024: el (des)balance del año

Resumir los cambios que nos ha traído el 2024, tanto para las telecomunicaciones y la radiodifusión, como para todo el sistema jurídico mexicano, no es una tarea fácil. ¿Cómo hacer un balance de resultados, cuando los cambios han traído el mayor desbalance jurídico/político para México en más de cien años? 

La magnitud de las reformas estructurales que se aprobaron durante el 2024, y la rapidez con la que fueron procesadas no han dado el tiempo mínimo para asimilarlas, o por lo menos para evaluar su alcance e impacto. Revisar todas las mañanas el Diario Oficial de la Federación nunca había generado tanta ansiedad en los abogados.

Entre la reforma judicial, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, la militarización de la Guardia Nacional y las reformas sobre áreas estratégicas y supremacía constitucional es difícil prever el impacto que la “transformación” traerá a corto, mediano o largo plazo. Ya no se sabe si la transparencia gubernamental se va a desvanecer antes que la impartición de justicia, si los precios por los servicios de telecomunicaciones se van a salir de control antes que las dos anteriores, o tal vez nada de esto será relevante si las violaciones al T-MEC impactan la economía primero.

La realidad es que el mejor resumen de lo que ocurrió en el 2024, en específico en sus últimos tres meses, es que se trató de una excesiva y desesperada concentración de poder, acompañada de un ejercicio visceral e incompetente de la función legislativa. El resultado ha sido un peligroso desbalance de poder, y un desastre jurídico sin precedentes.

Dado que el recuento de los daños no nos ofrece mucha luz, quizá debamos empezar a planear las nuevas alternativas o mecanismos que se podrían implementar para adaptarnos a la nueva normalidad, una especie de propósitos de Año Nuevo que nos sirvan para mitigar el impacto de los cambios que han cimbrado los pilares de nuestro sistema jurídico.

Desde el campo de los operadores jurídicos, las primeras estrategias podrían aplicarse desde la práctica corporativa. Ante la fragilidad e incertidumbre de la legislación y el sistema de impartición de justicia mexicanos, muchos contratos empezarán a someterse a la legislación de otros países, siempre que exista cualquier elemento jurídico que lo permita. Otra salida previsible es que las partes acuerden medios alternos de solución de controversias, como el arbitraje comercial. A diferencia de los jueces del bienestar, los árbitros por lo general se designan precisamente por sus habilidades y experiencia en la materia de la que se traten, y no por su popularidad. La función de los jueces se reduciría a la ejecución del laudo arbitral.

Otra recomendación puede ser la de acordar penas convencionales para el incumplimiento de contratos, de tal suerte que la prueba de los daños y perjuicios no dependa del juez. Cualquier mecanismo que reduzca el margen de arbitrariedad o interpretación judicial servirá para reducir la incertidumbre.

En cuanto a los procesos judiciales, los abogados tendrán que adaptarse a una nueva forma de litigar. Probablemente deban replantear la manera de dirigirse a unos jueces con intereses politizados y capacidades técnicas variables. Los alegatos de oídas cobrarán mayor relevancia que nunca.

En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es muy pronto para aterrizar soluciones, en tanto no se expida la legislación secundaria. Nuestra legislatura haría bien en implementar un parlamento abierto para cumplir con esta tarea o, en su defecto, contratar la asesoría de expertos en la materia. De otra manera, una legislación secundaria improvisada podría provocar la inviabilidad de la propia reforma constitucional, en perjuicio de todos. Aprovechemos este 2025 para adaptarnos al nuevo panorama.