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Opinión

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Hunter Biden, la buena suerte de tener un papá presidente

En Estados Unidos existe el rey de los escándalos, conocemos su identidad y es expresidente, sin embargo, no es recomendable dejar de seguir el caso de Hunter Biden porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas afecta la credibilidad de los jueces, y por ende, también la credibilidad del sistema democrático de Estados Unidos.

En junio pasado, el fiscal general Merrick Garland recordó que quien afirme que el Departamento de Justicia “no trata los casos de la misma manera” frente a toda la población, “constituye un ataque a una institución que es esencial para la democracia estadounidense y para la seguridad del pueblo estadounidense”.

El 20 de junio, el hijo del presidente Joe Biden llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia al declararse culpable de haber cometido tres delitos, dos de ellos de naturaleza fiscal: en los años 2017 y 2018 no pagó el impuesto sobre la renta, ilícitos que regularizó pagando poco más de un millón de dólares. El tercer delito fue la compra de una pistola teniendo antecedentes de consumo de droga.

Al revisar el acuerdo de Hunter Biden con el fiscal cuyo jefe es su papá, la jueza Maryellen Noreika, en Delaware, calificó sus características como “inusuales” y “atípicas”, escenario que, como advertía el fiscal Merrick Garland, pone en riesgo la seguridad del pueblo estadounidense. La propia jueza dijo: “cuando pregunté si había un precedente similar a este”, en referencia al acuerdo entre la fiscalía general y Hunter Biden, un grupo de abogados de la propia fiscalía “me dijo que no”.

El fiscal le otorgó en un primer momento inmunidad a Hunter Biden para futuras acusaciones sobre negocios internacionales algo que nada tenía que ver con los casos de los delitos analizados. Pero en el momento en que la jueza le preguntó al fiscal sobre este acto anómalo, el fiscal se retractó y el abogado de Biden mencionó que ese documento, producto del acuerdo, se nulificaba.

La inmunidad de Hunter será más limitada de lo que deseaba el fiscal, pero la pregunta insustituible es: ¿Por qué el Departamento de Estado aceptó una inmunidad más amplia?

El acuerdo no fue negociado con un migrante sin papeles, el acuerdo fue cerrado con el hijo del presidente Joe Biden.

Por lo que toca a la compra del arma, año 2018, Hunter Biden aceptó que consumió drogas. La ley le permite no ser condenado por tal delito si comprueba que durante dos años no recurre nuevamente en el consumo de drogas, de lo contrario, sí sería sentenciado con cárcel. En este caso, el Fiscal General lo protegió con el manto de la Casa Blanca.

La frontera de los poderes debe ser equidistante para políticos y jueces. No se puede cruzar. No debe de existir la aplicación discrecional de la ley.

Es claro que el ecosistema mediático que rodea a Donald Trump siempre está activo. Siempre genera notas el expresidente. Pero el correspondiente al de la familia del presidente Joe Biden, está casi siempre inactivo.

La vida privada de Hunter Biden no tendría ningún interés en los círculos políticos, sin embargo, el conflicto de interés que aportó Hunter al entonces vicepresidente de Estados Unidos cuando trabajó para la empresa energética de Ucrania Burisma, recae sobre las espaldas del hoy presidente estadounidense.

Cuando Hunter Biden comete tres delitos, pero el Fiscal General lo protege con la manta de la Casa Blanca, lo que ocurre es que Joe Biden pone en peligro a la sociedad estadounidense, como lo mencionó de manera genérica Merrick Garland. Es injusto que el Fiscal General mida los delitos de Trump y los de Hunter Biden de manera discrecional. ¿Garland terminará dándole la razón a Trump? ¿Es una cacería política?

Twitter: @faustopretelin

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Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.

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