La presión sobre el Poder Judicial en el peor momento

Desafortunadamente, el comportamiento de diversos indicadores sectoriales y algunos macro durante enero y febrero no permiten que podamos ser optimistas sobre el desempeño de la economía mexicana, al menos en la primera mitad de este 2021. Están los datos desalentadores sobre la producción y venta de automóviles reportados por la AMIA y el INEGI, que siguen registrando niveles muy por debajo de lo que se reportó en los mismos meses del año pasado. En un contexto similar están las ventas reportadas por la ANTAD para enero y febrero.

El empleo sigue a un ritmo mucho más lento de lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía en octubre del año pasado se aventuraba a pronosticar que para fines de marzo de este año, se registraría el mismo número de empleos formales que se reportaban previo a la pandemia. El IMSS reportó el viernes pasado, que al cierre de febrero había 19,936,938 puestos de trabajo registrados. El número máximo de empleos registrados previo a la pandemia se observó el 13 de marzo de 2020, según lo señalaron en la conferencia mañanera del 8 de abril de 2020 la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y Zoe Robledo, titular del IMSS, que conforme a los datos que reportaron, eran 20,680,976 puestos formales de trabajo. Así que podemos afirmar que aún faltan por recuperarse 744,038 empleos, número que difícilmente se logrará al cierre de marzo.

El importante subejercicio del gasto público en enero se inscribe también en las señales de que estamos ante un gobierno pasmado, que a 12 meses de haber sido arrollado por la pandemia, ya sea que haya sido por distracción o por exceso de confianza, sigue sin poder mandar una señal clara de ser un gobierno con un conjunto de medidas creíbles y eficaces para ayudar a la economía a sortear el choque producido por el Covid-19, o bien, de que supo corregir el rumbo.

Y bueno, como colofón de un gobierno no solo ha sido incapaz de estructurar un programa de recuperación para la economía, sino peor aún, que un desplante incomprensible -por la situación por la que atraviesa la economía mexicana y su horizonte para el corto y mediano plazo-, se lanza con determinación a mandar señales de incertidumbre para inversionistas y socios comerciales que ven cómo la actual administración, guiada fundamentalmente por un ánimo revanchista y una acentuada carga ideológica, cambia las reglas contenidas en leyes o regulaciones a capricho, sin importarle si tales cambios estén sustentados en el marco constitucional o si pueden llegar a traducirse en represalias comerciales contra México, como ocurre con el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En mi opinión, por encima de esos desplantes, está el mensaje claro de una animosidad por erosionar los fundamentos del andamiaje institucional de nuestro país, ya sea por advertencias contra los órganos reguladores, o peor aún, por una ofensiva desmedida contra el Poder Judicial, ya sea que se trate de jueces, de magistrados o de ministros. Lo estamos viendo con el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y los reiterados mensajes al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise la actuación de este.

Esa estrategia por asediar, y pretender someter, a los demás poderes que conforman el estado mexicano, así como a los órganos constitucionalmente autónomos, es la que contribuye más a la incertidumbre y que por tanto es la que desalienta más la inversión y el esfuerzo creativo de los mexicanos. Mientras el presidente López Obrador y su equipo sigan enfrascados en este tipo de estrategia política, el país seguirá sumergido en la incertidumbre y se alejará cada vez más de la posibilidad de crecer y de distribuir mejor esa potencial riqueza adicional. Ese es el peor ingrediente para nuestro futuro.