Sembrando Vida, fraude y desastre

El actual gobierno ha asumido dos prioridades canónicas. Una, es emprender grandes proyectos de dudosa o nula pertinencia económica a un costo astronómico para el erario, y con profundos impactos ambientales. La otra, es construir una gigantesca red de subsidios clientelares con lo que busca aparentemente —no existe otra motivación lógica— mantenerse en el poder de manera indefinida. Ambos requieren de un enorme flujo de recursos fiscales, los cuales han sido extraídos del desmantelamiento de la administración pública. Entre los dos, succionan más de 500,000 millones de pesos anuales del presupuesto federal, algo que es a todas luces insostenible.

Entre los subsidios destaca el programa llamado Sembrando Vida. Éste se propone entregar 26,000 millones de pesos en el 2020 a medio millón de propietarios rurales (ejidatarios y comuneros preferentemente). El propósito es sembrar un millón de hectáreas el próximo año con 100 millones de árboles maderables y frutales en forma especial en el sur y sureste del país, pagando a los beneficiarios casi en forma incondicional 5,000 pesos mensuales durante seis años, así como a un ejército de becarios sin preparación relevantes. Y, sabiendo que no hay capacidad en los viveros existentes para producir las plantas esperadas. El programa representa un extraordinario incentivo a la deforestación y una verdadera tragedia ecológica. Se acumula día con día evidencia de cómo los propietarios de la tierra desmontan con fuego áreas de bosque, selva o acahual para hacerse acreedores a los jugosos subsidios, lo cual se traducirá en los próximos meses en una oleada casi sin precedente de incendios forestales. En particular, una vez que el propio gobierno ha virtualmente liquidado el Programa de Empleo Temporal con el que se contrataba, equipaba y capacitaba a las brigadas campesinas contra incendios.

El programa carece (como ya es usual) de estudios de factibilidad y de estudios de mercado, reglas de operación, indispensables estudios ecológicos y edafológicos, y de un obligado sistema de Ordenamiento Ecológico del Territorio. No existen Líneas Base territoriales para el programa, ni tampoco sistemas de monitoreo y geo-referencia de parcelas, ni delimitación de polígonos. Mucho menos, mecanismos de seguimiento, evaluación y reporte. Carece igualmente de criterios de conservación de la biodiversidad, corredores biológicos, y captura de carbono; y aparte, está plagado de fraudes (como en el caso de Tabasco).

El programa se lleva a cabo con una visión eminentemente clientelar, desde la Secretaría del Bienestar, ignorando de manera olímpica a las entidades capacitadas y con facultades para una iniciativa de este tipo, como es el caso de la Conanp, Conafor, Conabio, y Sader. Hay un desprecio ostensible por las instituciones, la ciencia y los expertos.

El costo de oportunidad fiscal y ecológico del programa es colosal (lo que constata su irracionalidad) en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad y del capital natural.  Representa casi 30 veces el presupuesto de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y nueve veces el presupuesto de Conafor. Con el presupuesto de Sembrando Vida, sería posible manejar y conservar eficazmente más de 100 parques nacionales y reservas de la biósfera; adquirir más de 2 millones de hectáreas como tierras públicas para su conservación a perpetuidad; o sumar 26 millones de hectáreas al sistema de Pago por Servicios Ambientales de Conafor (14% del territorio nacional).

Por último, Sembrando Vida es un derroche clientelista escandaloso de recursos que encadena a la población más pobre en el campo en condiciones de improductividad, inhibiendo la migración y urbanización: único proceso capaz de reducir eficientemente la pobreza.