Washington pregunta: ¿Por qué en México están estrangulando a su gallina de los huevos de oro?

La prensa estadounidense, que pocas veces reporta sobre noticias o eventos en México, estas últimas semanas ha dedicado una enorme porción de sus contenidos a la reforma judicial mexicana.

Esto hizo que más y más gente en Estados Unidos preste atención a lo que está ocurriendo con nuestro país y a los efectos, que mucha gente está anticipando, que eso representará para la relación México- Estados Unidos.

La propiedad privada extranjera en México

Desde el año 1973, los extranjeros mediante un fideicomiso pueden comprar propiedades raíces en México. La Riviera Maya, Puerto Vallarta, La Riviera de Nayarit, y Baja California están llenas de inversiones en casas, tierras y otras propiedades de parte de estadounidenses y de gente del mundo entero.

Usted se puede imaginar que las noticias acerca de los cambios constitucionales en la Ciudad de México, al concepto de propiedad privada, está alarmando a esa gente.

Y no solo son casas y terrenos, son corporaciones también, o el concepto de corporación, que en México toma la forma legal de Sociedad Anónima.

Hoy, sin muchos trámites, se puede constituir una sociedad anónima mexicana en solo un par de semanas con al menos dos socios.  No solo eso, ambos socios pueden ser extranjeros, o como frecuentemente ocurre con estas nuevas empresas, se forman también como compañías mexicanas con uno o más extranjeros y uno o más socios mexicanos.

Para las inversiones conjuntas de mexicanos y extranjeros se pagan derechos por un máximo de un equivalente a 1,500.00 dólares. Desde ese momento pueden adquirirse propiedades a través de una transacción normal como lo haría cualquier ciudadano mexicano. Una vez hechos los trámites las compañías formadas por extranjeros y mexicanos pueden empezar a operar unos 45 días después de formada la Sociedad.

Estos conceptos relativamente nuevos en nuestro país son conceptos no tan nuevos en muchos de los países industrializados. Las razones son obvias.

Por eso, imagínese usted en México, lo que las noticias sobre la reforma judicial han provocado en Estados Unidos. Imagínese cómo se han recibido las discusiones en público sobre los cambios al concepto de propiedad privada.

Estas noticias que están encontrando mucho espacio en la prensa extranjera, están causando enorme alarma entre los inversionistas de Estados Unidos.  Desde los grandes capitales que tienen millones de millones de dólares y otras monedas invertidos en México, hasta los jubilados y particulares que tienen hoy casas de retiro o de descanso en los sitios más atractivos del país.

Póngase usted en los zapatos de los extranjeros que han tenido confianza para invertir en México. Recuerde, que fuimos nosotros los mexicanos, quienes durante 30 años ya, les hemos asegurado que nosotros cuidaremos sus inversiones, que nos haremos sus socios y que estamos listos para jugar el juego de los negocios con el mismo cuidado que hay en estas cosas en los principales países desarrollados del planeta.

Imagínese cómo se sentiría usted, si como se reportó el pasado fin de semana leyera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declarara en público si… “Los corruptos jueces, ministros y magistrados (mexicanos) continuarán defendiendo a las compañías extranjeras, que vienen a México a robar, tomar lo que no les pertenece y afectar negativamente a la economía de los mexicanos”.

La agencia de noticias Associated Press, “Prensa Asociada” (AP), reportó que el presidente mexicano había preguntado en la misma ocasión… “Si esos jueces corruptos seguirán representando a esas compañías extranjeras”.

Imagínese usted el grado de confusión que existe en Estados Unidos cuando al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, está haciendo todo lo posible por asegurarle a los inversionistas extranjeros, a los bancos internacionales y a los directivos de las grandes corporaciones internacionales, que los cambios jurídicos no les afectarán negativamente.

La doctora Sheinbaum fue citada en la prensa de Estados Unidos diciendo… “Las reformas al sistema judicial, no afectarán negativamente a las inversiones privadas en México. Será lo contrario. Habrá mayor y mejor administración de justicia y democracia para todos”.

La reforma judicial Mexicana está llegando en un momento en que México se está posicionando como un actor vital en el comercio global, particularmente con sus socios norteamericanos bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Pero como usted se imagina, estos cambios que ya dejaron de ser propuestas para convertirse en leyes están amenazando con desestabilizar el panorama político y económico.  Las mismas preocupaciones que usted escucha dentro de México son magnificadas en la información que recibimos más allá de las fronteras de nuestro país.

Lo que se hace y se dice en México… ya no se queda en México

Cuando miles de mexicanos salen a las calles a protestar por la reforma judicial, y cuando el poder judicial de la federación se pone en huelga en protesta por las acciones del poder ejecutivo y del poder legislativo, por una disputa de carácter político, la gente de otros países, en donde esas acciones serían impensables, ¡se espanta!

A mí me preguntan en Washington, ¿Cómo es posible que tu país funcione así? 

Otra vez, póngase usted en sus zapatos, no es fácil entender cuando nosotros hacemos cosas a las que folclóricamente llamamos… “a la mexicana”. México es un país independiente y soberano, pero la gente que nos ve de fuera no cuestiona esa independencia ni esa soberanía, simplemente se pregunta si sus inversiones están seguras en ese ambiente, y si México es un país serio con quien se puede hacer negocios. 

La desaparición de los órganos reguladores independientes

Las reformas al poder judicial mexicano podrían llevar a la disolución de organismos reguladores independientes como la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Y otra vez usted se preguntará, ¿y a esos extranjeros que les importa lo que autónomamente hagamos con nuestros órganos reguladores?

El problema que hoy quiero que usted considere, es que más allá de solo cuestionar estas acciones, disolver estas instituciones o hacerlas parte de alguna Secretaría o de alguna otra dependencia del poder ejecutivo federal, violaría innumerables disposiciones del T-MEC—El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá porque paralizaría sectores económicos que hoy son clave en un momento de profunda incertidumbre.

Estas acciones son particularmente nocivas y perjudiciales a la capacidad de México de seguir siendo un socio estratégico.

Hay dos cosas extremadamente importantes en nuestra relación comercial en el bloque de Norteamérica: son los objetivos de “Nearshoring” y la capacidad mexicana de aportar seguridad operativa en las cadenas de suministro de Estados Unidos.

Estas operaciones son simplemente imposibles de ser manejadas todos los días, sin órganos jurídicos que estén fuera de la influencia de quien ayude a elegir a los jueces en elecciones abiertas.  Este aspecto de la reforma, daría oportunidad a que el crimen organizado y los intereses políticos del momento conviertan a nuestras cortes de justicia en representantes de quién pagó la elección de esos jueces.

Eso sin ninguna duda puede llevar a nuestros socios a reconsiderar el papel que México tiene hoy, como socio en el bloque de comercio norteamericano.

En México tenemos una posición geográfica privilegiada. Estamos en las puertas mismas del mayor gigante económico del planeta.  Pero si a ese gigante y a sus empresas y a sus inversionistas no les damos certeza jurídica, ellos se van a buscar a otros socios.

Si no podemos asegurarles que los jueces elegidos popularmente serán imparciales, Estados Unidos se verá obligado a considerar a otros países para que tomen el lugar que hoy tenemos. 

En Washington se habla de que existen otros países con sistemas jurídicos funcionales e imparciales como Costa Rica, República Dominicana y Panamá que son alternativas geográficamente próximas en distancia a las fronteras de Estados Unidos y que pueden además ser puentes muy eficientes al resto de América Latina.  Todos pueden reemplazar a México como socio.

El congreso en Washington quiere saber el efecto de la reforma jurídica mexicana en las inversiones de Estados Unidos. 

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del congreso estadounidense, que es la principal Comisión del Congreso que aprueba los tratados comerciales de los que forma parte Estados Unidos, el jueves pasado, le envió una carta a Katherine Tai la Representante Comercial de Estados Unidos en la que demanda que informe antes del próximo 20 de septiembre, lo siguiente:

1. ¿Cuál es la posición del gobierno de Joe Biden en cuanto a las reformas constitucionales mexicanas, que estén relacionadas con la energía, la minería, el maíz transgénico, las agencias autónomas reguladoras y la reforma judicial?
2. ¿Que impacto se anticipa tendrán estas reformas en los negocios y los inversionistas estadounidenses que tienen capacidad instalada en México?
3. ¿Cómo estas reformas alinean a México con sus obligaciones bajo el Tratado Comercial de América del Norte? (TMEC, y USMCA como le llaman en EU).
4. ¿De qué manera la oficina de la Representante Comercial se ha relacionado con los inversionistas ante estos cambios en México, y de qué manera está preparándose para abogar por ellos?
5. ¿En qué forma la oficina del Representante Comercial, que equivale a ser una Secretaria de Comercio Exterior estadounidense, se ha relacionado sobre estos asuntos con el gobierno de México desde que estas reformas fueron anunciadas?
6. ¿Cuál es la estrategia de la Representante Comercial para proteger, dentro de un marco imparcial de regulación, a las empresas e industrias estadounidenses afectadas en caso de que estas reformas se promulguen en México?

En Washington se preguntan… ¿Por qué México está estrangulando a su gallina de los huevos de oro?