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Reforma eléctrica frena posición de México para armar los autos del futuro: AMIA
Mayores costos y una matriz de generación más sucia son los impactos que prevé la industria automotriz de aprobarse la iniciativa.
De aprobarse en sus términos la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las exportaciones mexicanas corren el riesgo de enfrentar represalias comerciales e incluso impuestos al carbono, advirtieron las empresas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La industria automotriz dijo que sus empresas trabajan a marchas forzadas para definir el destino de dónde se producirán los vehículos del futuro, en el que “México se ha ganado una posición privilegiada en el contexto global de la industria”. “¡No la pongamos en riesgo!”, lanzó José Zozaya, presidente de la AMIA.
La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador plantea devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio en la comercialización de electricidad, lo que cancelaría la posibilidad de que los privados se autoabastezcan o participen en el mercado eléctrico mayorista.
Además, propone un nuevo orden de despacho de la electricidad, dando prioridad a la generación de la CFE –incluso la producida con combustibles fósiles– sobre la generación eólica y solar de los privados, que además de no producir CO2 tienes un costo marginal de producción cero.
En generación, establece un tope para los privados de 46% del total de la demanda de electricidad, con la limitante de que toda la generación privada debe venderse exclusivamente a la CFE.
José Zozaya definió que la energía eléctrica, su garantía de capacidad, y la forma en que se produce será uno de los elementos más importantes para la producción de vehículos del futuro.
Para que la industria automotriz establecida en México siga siendo competitiva es “indispensable asegurar el acceso a energías limpias, a precios competitivos y abastecimiento suficiente”, estableció su presidente.
“Celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía; sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México”, puntualizó Zozaya.
EU, en alerta
De gira por México la semana pasada, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, expresó a funcionarios del gobierno mexicano –incluido el presidente López Obrador– la preocupación de la Casa Blanca por el posible impacto negativo de la reforma en las inversiones estadounidenses y en la cooperación bilateral contra el cambio climático.
Por su parte, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo y la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, advirtieron en una misiva que sus dependencias están analizando posibles violaciones de México al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en caso de que se apruebe la iniciativa eléctrica obradorista.
En términos generales, los incumplimientos a los acuerdos comerciales por parte de sus socios pueden tener como consecuencia la imposición de represalias a través de aranceles. Además, bloques comunitarios como la Unión Europea han planteado la posibilidad de imponer impuestos fronterizos de ajuste al carbono a los productos que se produzcan con energías sucias.
La AMIA enumeró 10 principales preocupaciones sobre la reforma energética, entre ellas, que no habría financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, debido a que la CFE concentrará el 54% de la generación eléctrica.
Al respecto, entre las empresas automotrices surge la duda sobre cómo alcanzar esa generación, tomando en cuenta que de enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 Terawatts hora, de los cuales la CFE generó 98.6 Terawatts hora (40%) y los privados 146 Terawatts hora (60 por ciento).