El peso de la industria mexicana de alimentos procesados

La industria de alimentos altamente procesados que opera en México es una de las nueve más importantes del mundo.

No sólo somos el país con el mayor consumo per cápita de este tipo de alimentos —214 kilogramos por año—, sino que México también es el segundo proveedor de alimentos procesados para Estados Unidos.

Poco se sabe, pero la industria alimentaria mexicana es la tercera mayor productora de alimentos procesados en América, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil. De hecho, la industria mexicana productora de alimentos ultraprocesados, incluyendo bebidas azucaradas, snacks, botanas, cereales y dulces, detona tendencia por su amplia variedad de sabores y gama de opciones; sus productos se exportan a Estados Unidos, Centro y Sudamérica y la Unión Europea.

Es gran generadora de empleos: su planta laboral ronda las 800,000 plazas en el país.

La pregunta es: ¿Ese gran peso económico incide de alguna manera en su influencia en las decisiones de las autoridades en los últimos años para no poder implantar medidas regulatorias eficaces que limiten el consumo de alimentos ultraprocesados y altamente calóricos de parte de los mexicanos?

Y es que dos hechos recientes ponen un signo de interrogación en la lucha por abatir los altos índices de obesidad y sobrepeso. Uno de ellos fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desestimó el amparo interpuesto por la organización Poder del Consumidor, de Alejandro Calvillo, para que se revisara el etiquetado de alimentos y productos procesados, considerando la mayoría de ministros que no es necesario dar mayor información al consumidor, cuando a todas luces actualizar y hacer entendible dicho etiquetado es algo fundamental.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que se busca actualizar el IEPS que actualmente se impone al tabaco, alcohol, bebidas calóricas y comida azucarada, pero que no será un incremento, sino una actualización con base en la inflación de cada año. Está por verse qué significa exactamente esa revisión de que habla el diputado Ramírez Cuéllar, porque si así será, ello significa que México seguirá sin seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de establecer un impuesto de 20% a bebidas azucaradas, algo que le preocupa mucho a la industria pero que le debería preocupar mucho más a nuestras autoridades al ver que siguen elevándose los indicadores de enfermedades relacionadas con obesidad y diabetes.

Porque es un hecho que las medidas contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes no han sido efectivas —ni el impuesto actual aplicado a la comida altamente calórica porque el propio sistema fiscal permite que al final paguen menos de lo establecido—, aun cuando tengamos desde hace años una declaratoria de emergencia por dichas enfermedades. O más bien no se han implantado reales medidas en ese sentido.

El índice de sobrepeso y obesidad de los mexicanos sigue con curva ascendente, junto con la epidemia de enfermedades crónico-degenerativas cuya atención le está resultando dolorosa y muy costosa al país.

El doctor Simón Barquera, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ha explicado que las condiciones sociales y el impulso de la industria alimentaria facilitan la vida de las familias a través de productos poco nutritivos y los procesos biológicos naturales que se viven son los determinantes para crear ambientes o entornos obesigénicos. El mismo INSP ha referido que 70% del consumo de azúcares adicionados en México proviene de bebidas azucaradas (refrescos, lácteos, jugos y néctares enlatados, envasados o embotellados). Es evidente que hace falta hacer más por impulsar hábitos saludables, incluido bajarle al consumo calórico.