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Juez federal ordena al Congreso legislar en materia de niñas y niños migrantes
La Unidad de Litigio demostró que, desde febrero de 2017, el Poder Legislativo ha sido omiso al no emitir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles en todos los estados del país.
Handout photo of women and children at the Ramon Villeda international airport in San Pedro Sula after deportation from U.S.
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Congreso de la Unión legislar en favor de las niñas y niños de padres migrantes, ya sea acompañados o no, en nuestro país.
La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública promovió un amparo ante la situación de vulnerabilidad que sufren niñas y niños nacidos en México de padres migrantes en situación irregular.
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa concedió el amparo para que el Congreso de la Unión legisle en favor de este sector de la sociedad.
La Unidad de Litigio demostró que, desde febrero de 2017, el Poder Legislativo ha sido omiso al no emitir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles en todos los estados del país.
La sentencia lograda genera un precedente histórico para la defensa pública porque antes no se litigaban estos temas.
Una de las prioridades de la Defensoría fue precisamente la creación de una Unidad de Litigio Estratégico, con el fin de litigar casos icónicos que impacten directamente en la vida de la gente más desprotegida y, con ello, se establezcan precedentes a favor de los derechos humanos de todas las personas, en especial aquellas que menor acceso a la justicia tienen.
La Defensoría logró demostrar que la omisión legislativa viola, en perjuicio de hijas e hijos de migrantes en situación irregular nacidos en territorio nacional, el derecho a la igualdad y no discriminación, al registro de nacimiento inmediato, al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a la seguridad jurídica y al interés superior del menor.
Con la sentencia de amparo se ordenó a la Cámaras de Diputados y al Senado de la República expedir, a la brevedad posible, la Ley Reglamentaria correspondiente.
“La Defensoría Pública es y ha sido uno de los pilares en la estrategia de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su Presidente, Ministro Arturo Zaldívar. Mayor cercanía con la gente, acceso real a la justicia, es justamente esto: una institución trabajando en beneficio de los derechos de la gente, en especial la más vulnerable”, dijo el Consejo de la Judicatura Federal.
kg