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PJF pide 657.7 millones de pesos para atender reformas de seguridad de AMLO
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el Poder Judicial de la Federación argumentó que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que incluye a la Guardia Nacional, ha aumentado la judicialización de casos derivado del operativos y detenciones.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) previó una mayor carga de trabajo para los jueces federales en 2021, derivado de las nuevas herramientas en seguridad propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos graves, por lo que solicitó tres partidas especiales que suman 657.7 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, el Poder Judicial de la Federación argumentó que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que incluye a la Guardia Nacional, ha aumentado la judicialización de casos derivado del operativos y detenciones, por lo que el CJF requerirá una partida presupuestal especial el próximo año por 117.1 millones de pesos.
“La disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio de la reforma constitucional de 16 de marzo de 2019, ha generado que aumente la cantidad de asuntos que se judicializan derivado de operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial, e igualmente han incrementado los actores que participan en los procesos judiciales.
“Para ello, se incluye una previsión para poder hacer frente, con los órganos jurisdiccionales existentes, a la carga de nuevos casos que se judicializan derivado de las reformas de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción. Para este rubro el Consejo de la Judicatura Federal ha previsto 117.1 millones de pesos”, planteó.
Asimismo, indicó que derivado de la aprobación de la reforma propuesta por el Presidente de la República al artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, se prevé un aumento significativo en los asuntos atendidos por los Centros de Justicia Penal.
“Para ello, en 2021 se prevé la instalación de 19 nuevos Centros de Justicia Penal, lo cual requiere de 339 millones de pesos”, mencionó.
Indicó que adicionalmente, la estrategia de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de solicitar más órdenes judiciales para mejorar la integración de los casos que eventualmente someterán a sede jurisdiccional, ha hecho indispensable el fortalecimiento del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, cuya operación implica un costo anual de 201.6 millones de pesos.
El PJF mencionó que con motivo de la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía -a propuesta del presidente López Obrador-, así como del aumento de solicitudes de beneficios preliberacionales en el contexto de la pandemia, cuyos efectos se proyectarán aún hacia el próximo año, han evidenciado la pertinencia de contar con nuevas juezas y jueces de ejecución para los procesos penales federales iniciados con anterioridad a la implementación del nuevo sistema.
“Por ello, en el Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal se incluyen previsiones para la creación de 43 plazas de Juez de Distrito, de entre las cuales se asignarán algunas a esta materia”, mencionó.
El Poder Judicial dijo que ha asumido su compromiso con el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada como una de las prioridades más apremiantes para el Estado mexicano.
“Para ello, está atendiendo las necesidades que surgen de la estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada, con el funcionamiento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, la utilización más frecuente de técnicas judicializadas de investigación para el fortalecimiento de los casos, y de la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes”, apuntó.
Jorge Monroy