Crónica de un cierre (muy) anunciado: Juntas de Conciliación bajan sus cortinas

El último día es también el primero. Ana María González ha traído a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México un importante encargo de su sindicato: el emplazamiento a huelga. Este viernes, las juntas cerraron su recepción de nuevos trámites para siempre y, con ello, finalizó una era de la justicia laboral para abrir paso a un modelo que promete soluciones más rápidas a los conflictos entre personas trabajadoras y empleadores.

Rubén Sánchez, es otra de las personas que acudió antes del cierre, él fue despedido hace un par de semanas y fue a demandar a la empresa, su abogado le recomendó que iniciara la demanda antes que este organismo deje de recibir asuntos y vino hoy, que es el último día. Alba Medina sabe bien que es el último, ella labora en la junta, pero de lo que no está segura es si será también su último día de trabajo porque no le permitieron la entrada. “Somos muchas personas a las que nos quieren desincorporar”, dice. Aquí comienza su lucha.

Este lunes 3 de octubre arranca la tercera y última fase de implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Con la apertura de los centros de conciliación y los tribunales laborales en Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, las juntas de conciliación de esas entidades ya no recibirán más casos, ahora sólo permanecerán abiertas para abatir el rezago.

En el resto de las entidades del país este cambio inició en 2020 y 2021. Las juntas federal y locales no desaparecen, o no todavía. Lo harán hasta que resuelvan el último expediente en trámite. Tan sólo para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el Paquete Económico 2023 plantea un presupuesto de 788 millones de pesos, recursos para mantener las operaciones para emitir los laudos pendientes. Las autoridades estiman que la lista de pendientes abarca 1.5 millones de casos.

“Yo le calculó unos dos años más o menos, si le echan ganas”, dice un hombre afuera de la junta local de la Ciudad de México. “No, no, yo no cobro por ayudarle a la gente. ¡Yo soy asesor sindical!”, dice mostrando con la mano derecha su gafete de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El asesor sindical mira a una mujer. Sabe leerla. Ella parece no conocer el lugar, mira a todos lados y pregunta de qué lado formarse. El asesor sindical camina hacia ella y le pregunta si cuenta con abogado, si está sindicalizada. Aunque ella se ve incómoda por las preguntas y por la cercanía que él lleva casi al límite, la conversación inicia.

A unos metros, Rubén Sánchez revisa una y otra vez sus documentos. Él también va sin abogado, pero cuenta con uno. “Me dijo que yo podía hacer este trámite y así me ahorro esos servicios. Ya sabe que para todo cobran”.

—Pero, ¿por qué no se esperó al lunes que entra el nuevo sistema? En los centros de conciliación no se necesita de un abogado o una abogada.

—Porque mi asunto pasó hace más de dos semanas y apenas busqué a un abogado y el que encontré me dijo que mejor viniera hoy, no fuera siendo.

La industria del litigio laboral en México

Uno de los motivos por los que las personas que diseñaron la reforma laboral decidieron que las juntas de conciliación debían desaparecer fue por los altos niveles de corrupción que había en toda la estructura. Desde las asesorías legales externas, sindicales y dentro de las juntas para acelerar asuntos o para inclinar la balanza de un lado.

En palabras de Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL): “Tenemos que desmontar esta industria del litigio donde los abogados de una parte y otra les ofrecen las perlas de la virgen (…) Las partes aceptan este tipo de situaciones que finalmente lo que hacen es saturar hoy los tribunales o las Juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, pero evidentemente que no hay justicia porque justicia que no es pronta y expedita, no es justicia”, expresó el funcionario en conversación con El Economista durante la primera etapa de implementación del modelo.

Ruben Sánchez tenía siete años trabajando en una pequeña empresa de mensajería. “En los últimos años no le ha ido muy bien porque ya hay mucha competencia y en la pandemia no supieron cómo aprovechar la situación. Luego, luego nos bajaron el salario. Yo protesté mucho y desde ahí les caí mal”. Dice que un retardo fue el pretexto para despedirlo. “Fue el primero de este año, no le digo que nunca ha pasado, pero eso no lo justifica”.

En su organización hubo intentos de formar un sindicato. “Pero pocos se interesaron, yo la verdad ni pelaba a los compañeros que andaban en la grilla. Quizá eso me hubiera servido ahorita”.

Mucha gente no se da cuenta de la importancia de contar con un sindicato, dice Ana María González. “Nosotros estamos pidiendo mejores prestaciones, durante la pandemia nos amarramos el cinturón y no le exigimos nada a la empresa, pero ya ahorita es difícil seguir así”. Su organización sindical agrupa a trabajadores y trabajadoras que fabrican artículos metálicos.

“No es que nos gustaría irnos a huelga, pero es la herramienta que tenemos para presionar”. En su caso, no pueden esperar más, hoy deben entregar el emplazamiento. Lo harán en la Oficialía de Partes, una de las pocas áreas que están abiertas este último día. El 28 y 29 pasados la junta comunicó la “inhabilitación de labores”.

¿Cómo se resolverán ahora los conflictos?

El 3 de octubre de 2022 es una fecha emblemática para el mundo del trabajo en México. Por un lado, las juntas de conciliación salen de la ecuación de justicia laboral, al menos en los nuevos conflictos que se presenten; por el otro, en todo el país operará el nuevo mecanismo de solución que tiene una apuesta importante en la conciliación, la cual es una etapa obligatoria de agotar antes de iniciar una demanda en un tribunal laboral.

Como su nombre lo indica, la conciliación se realiza ante el CFCRL o los centros locales, salvo en casos como acoso laboral, prestaciones de seguridad social o negación de derechos colectivos, que son asuntos que no están obligados a agotar la etapa prejudicial y pueden ir directo a juicio en un tribunal laboral, instancia que estará a cargo del Poder Judicial.

La conciliación no puede durar más de 45 días y los juicios deben tener una sentencia en un plazo no mayor a seis meses. En el arranque de la segunda etapa de implementación, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, afirmó que el modelo promete reducir de cuatro años (tiempo promedio de resolución en las juntas) a menos de ocho meses el tiempo de solución a los conflictos laborales.

El trámite en el Centro Federal de Conciliación o un centro local dependerá del tipo de industria en la que labora la persona afectada. Por ejemplo, si la empresa en la que se suscitó el conflicto pertenece a una rama industrial federal establecida en la Constitución como la textil, automotriz, minera, cinematográfica, productora de alimentos, entre otros, se deberá iniciar el proceso en el Centro Federal.

En cambio, si la afectada o afectado trabaja en una empresa que no está calificada como industria federal, como hotelería, seguridad privada, tiendas de autoservicio o restaurantes, deberá acudir a un centro local para iniciar con la conciliación.

La incertidumbre al otro lado de la historia

“Nos pidieron que no viniéramos a trabajar”, cuenta Alba Medina. Llegó poco después de las 8 de la mañana lista para laborar, es actuaria en la junta local de la CDMX. Pero a la entrada le impidieron el paso. Desde hace semanas, trabajadoras y trabajadores de la junta en la Ciudad de México han denunciado despedidos. El sindicato de este gremio había acordado con las autoridades laborales que quienes pasaran un proceso de capacitación podrían laborar en los nuevos centros. Pero ahora ese acuerdo ya no es válido.

“Compañeros de base de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dada la situación que estamos viviendo en nuestro centro de trabajo, los convocamos para que el día de mañana 30 de septiembre a las 8:30 de la mañana nos reunamos en las oficinas del supuesto sindicato para exigirle al supuesto secretario que nos informe de nuestra situación laboral. No podemos quedarnos sentados esperando a que empiecen a despedir a personal de base como lo han estado haciendo y seguirán con el personal de confianza. Si no mostramos unión está en riesgo nuestra estabilidad laboral”, dice un mensaje que ha estado circulando la base trabajadora.

Alba Medina lleva cuatro años trabajando en la junta local. Nunca logró tener una base, cada seis meses renovaba su contrato, lo que le impedía tener antigüedad. Las prácticas corporativas de esta institución pública empeoraron en los últimos años, cuenta.

“Antes firmábamos el nuevo contrato sin dejar de trabajar. Ahora nos descansan uno, cinco días. No sé qué va a pasar, no sé si me voy y regreso el lunes y me dejen entrar o qué. El sindicato debería estar aquí, pero nos ha dejado solos. Pero vamos a luchar, no nos vamos a dejar”.