Cuatro años de reforma laboral… y el dinosaurio todavía sigue ahí (parte II)

La transformación del sistema de justicia y resolución de conflictos es el segundo pilar de la reforma laboral. La parte formal del proceso se ha cumplido con la apertura del proceso de extinción de las Juntas, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), así como de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial y los centros de conciliación estatales. Todo ello dentro de las etapas programadas para cubrir la geografía nacional.

La justicia laboral, como el resto de los capítulos de la justicia del país, proviene de legacías donde su impartición ha sido tortuosa, lenta, parcial, casuística, corrupta e impredecible. Nada que ver con la justicia expedita, imparcial, gratuita, pronta y completa que promete el artículo 17 de la Constitución. En el ámbito federal se ha estimado que existen medio millón de expedientes sin resolver y muchos miles más en las juntas locales. Se ha notado también que la impartición de justicia llegó a tomar un rango de cuatro a seis años.

Como respuesta, el nuevo sistema de justicia se propuso trabajar en dos etapas –una de conciliación, otra de juicio– en perspectiva de reducir la resolución de conflictos a un máximo de ocho meses. La primera etapa es de conciliación. Definida como requisito prejudicial, tiene un límite de 45 días. La segunda, sucederá cuando la conciliación fracase. Habiendo acudido ante un tribunal federal o local, la autoridad competente deberá resolver en un plazo no mayor de seis meses.

Provistos los rezagos existentes y las legacías de venta e ineficiencias de la justicia de donde venimos, es previsible que la transición al nuevo sistema será accidentada. En ellas saldrán a relucir la impreparación, dilaciones y resoluciones esquivas de un pasado que simplemente se niega a morir. Se revelará también hasta dónde el nuevo sistema erró al dejar la puerta abierta para que los gobernantes locales sigan determinando grandemente lo que ocurre en sus dominios en materia de justicia laboral.

En tanto me refiero a uno de los conceptos rectores que subyace al nuevo sistema de justicia, y cuyo matiz expresado por las autoridades dice que “la conciliación es la principal apuesta del nuevo mecanismo para solucionar problemas entre empresas y empleados”. La idea es reforzada con información que nota que “de los 700,000 conflictos atendidos… el 75% se ha resuelto por conciliación en menos de 45 días; el resto que llega a los tribunales en menos de 7.5 meses” (CFCRL/STPS). El énfasis tiene un corolario: En México hay paz laboral. Y el entendimiento entre los factores de producción va al alza.

Aquí tenemos un problema doble por descifrar. Primero, la ausencia de conflictos o su limitación no refiere que un régimen de relaciones industriales y laborales (RRIL) se esté fortaleciendo. Más bien puede indicar lo opuesto. La evidencia muestra que los conflictos disminuyeron durante el imperio de décadas de neoliberalismo y su avalancha global que disminuyó sindicatos, contratos y derechos laborales. Sin sindicatos o con sindicatos disminuidos, en lugar de los conflictos colectivos, prosperaron los conflictos individuales procesados por métodos alternativos de resolución, incluyendo –señaladamente– la conciliación.

Luego, la conciliación, con frecuencia, pasó a sellar la realidad de una posición extrema de desventaja de los trabajadores. La individualización del mundo del trabajo, por oposición a la agenda social y a los derechos de la representación colectiva sindical, ha sido siempre el sueño dorado de los empresarios más conservadores.

¿La individualización del mundo del trabajo es lo que está ahora ocurriendo en México? Es una interrogante que merece estudios y respuestas.

Segundo, y más de fondo, la conciliación es –y debe de ser– un valor central de un RRIL. Pero no un principio rector. El principio rector de un RRIL debe de ser la promoción de la justicia, la equidad y la democracia en el mundo del trabajo. Ello parte de asumir que la relación entre capital y trabajo es una relación asimétrica, por lo que los trabajadores aislados están en desventaja frente al capital. De ahí que, históricamente, la organización sindical ha sido necesaria para compensar esa desventaja.

La conclusión es diáfana: Sólo a través de la justicia y democracia sindical sobrevienen los equilibrios de la competitividad dinámica, la justicia con equidad y los desarrollos integrales de una nación.

Los discursos gubernamentales prevalecientes sobre la conciliación y la paz laboral pueden ser una navaja de doble filo para el progreso de un nuevo RRIL. Por lo pronto, los gobernantes de los estados lo están tomando como permiso para no hacer gran cosa en materia laboral. O hacer más de lo mismo.

Como en la época neoliberal, sobre su base, estos gobernantes –con independencia de sus filiaciones partidarias– conciertan con los poderes sindicales de siempre para que no “pidan de más”, “no hagan olas”, para que “la paz laboral” sea el atractivo que atraiga inversiones. O sea, el mismo discurso y prácticas ancilares a la mexicana, cuya traducción es “sigamos poniendo de lado los derechos y los ingresos de los trabajadores”. En estos mismos personajes se han confiado los sistemas de conciliación y justicia locales, como si fueran garantía de respeto a los órganos autónomos o a la división de poderes.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las dependencias que ha hecho uno de los trabajos más consistentes y profesionales de la 4T. Pero evidentemente el desafío de transformar el RRIL del país y sus pilares de libertad y democracia sindical, de un lado, y de impartición de justicia, del otro, requiere mucho más que su sólo esfuerzo.

Por eso, a cuatro años de la reforma laboral de 2019, El dinosaurio de Monterroso sigue obrando en el mundo del trabajo.

*El autor coordina la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana (RedItiam) y el Grupo Interdisciplinario de Transporte Eléctrico y Movilidades Avanzadas (TEAMs). Es miembro del TinkTank para el Transporte Eléctrico Estados Unidos-México de la Alianza MX de la Universidad de California y la SER.