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Capital Humano

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El nuevo sistema de justicia laboral entra en operación total; se suman 11 estados

Este lunes inicia la tercera y última fase de implementación del modelo de resolución de conflictos en el mundo del trabajo que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje y que divide el proceso entre centros de conciliación y tribunales laborales.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Finalmente, el nuevo sistema de justicia laboral está en vigor en todo el país. Las 11 entidades que faltaban hoy ponen en marcha sus centros de conciliación y tribunales. Es la tercera fase de este histórico cambio. Pero dejar atrás al viejo régimen que llevaba un siglo tomará más tiempo, y no sólo para resolver los millones de expedientes rezagados, sino para eliminar la antigua cultura de dirimir los conflictos del trabajo, con la corrupción incluida.

En este modelo de justicia, creado con la reforma laboral de 2019, las denuncias individuales deben ser presentadas en un centro de conciliación de manera presencial o en línea. Para la mayoría de los casos es obligatorio pasar por el proceso conciliatorio, el cual según el artículo 684-D de la Ley Federal del Trabajo (LFT), no deberá exceder de 45 días naturales.

Si las partes no logran un acuerdo, las autoridades conciliatorias emitirán una constancia de haber agotado la etapa prejudicial y su asunto pasará a un tribunal laboral, donde los juicios no podrán durar más de seis meses. Las Juntas de Conciliación sobrevivirán hasta resolver el último caso que recibieron antes que entraran en funciones las nuevas instancias.

El artículo 685 Ter de la LFT señala qué temas quedan exceptuados de la conciliación prejudicial obligatoria. Algunos de ellos son la discriminación en el empleo por embarazo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico y condición social, y por acoso u hostigamiento sexual. En estos casos las personas pueden acudir directamente a un tribunal del trabajo a presentar la demanda.

La reforma laboral de 2019, como resultado de la reforma constitucional de 2017, estableció tres etapas para implementar el nuevo sistema. En esta última fase la Ciudad de México es de las entidades más importantes “porque es donde se concentra el mayor número de relaciones laborales y, en consecuencia, de conflictos laborales”, explica Alfonso Bouzas Ortíz, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL).

De juntas a centros de conciliación

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la primera y la segunda etapa de implementación han demostrado que el 75% de los conflictos laborales se concilian y evitan pasar a los tribunales.

Aunque las juntas eran de conciliación, hace muchas décadas que nos hicieron olvidar qué significa eso, así que un primer reto será aprender a conciliar. “La conciliación no se trata de transacción, de ver quién pisotea al otro, es reconocer los derechos de ambas partes y la búsqueda de una solución a su problema”, explica Alfonso Bouzas.

Las juntas habían estado bajo el control de las grandes centrales sindicales y de centrales patronales, sostiene Patricia Juan Pineda, abogada y asesora de diversos sindicatos. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han señalado que con los centros de conciliación se terminó la representación tripartita y las personas trabajadoras quedan desprotegidas.

Para Patricia Juan esta consideración se debe a que “convirtieron las juntas en uno más de sus negocios. Están molestos porque en los centros tienen una posibilidad muy acotada” de llegar a acuerdos económicos con las empresas, vendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

El nuevo sistema de justicia “es una transformación de fondo que da una nueva perspectiva del derecho del trabajo y de cómo funcionar el mundo laboral”, considera. Sin embargo, la falta de presupuesto ha sido un grave problema para su implementación eficaz, dice, pues constantemente carecen de recursos económicos y humanos.

“En las últimas semanas hubo despidos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), eso dilatará más los asuntos”. También en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México han sido despedidas varias personas. “Primero les ofrecieron empleo en los nuevos centros, para lo cual tomaron capacitación. Ahora les dijeron que no los recibirán y, como no hay presupuesto mantener para las dos instancias, tienen que recortar personal”, dice la abogada.

El reto de cambiar los paradigmas

Si la conciliación ha entregado buenas cuentas, con casi ocho de cada 10 casos solucionados, los tribunales laborales están reportando “saldos iguales o semejantes al anterior modelo”, dice el laboralista Alfonso Bouzas. Después de un siglo con esa forma de litigar, era de esperarse, explica.

Pero son muchos factores, agrega. “Yo creo que atrás está todavía la cultura tradicional, las partes no concurren a los tribunales con elementos de veracidad, sigue existiendo la simulación y la intención de no resolver, sino prolongar para cansar a la parte contraria y que ceda a lo que quieren”.

La experiencia de las juezas y jueces del trabajo también juega en contra, pues estos tribunales no existían. “Todo esto tiene que cambiar con jueces honorables y competentes y personal eficiente en documentar la relación laboral”.

Es decir, muchas veces las empresas desconocen la relación laboral con una persona, así que hay que demostrar que trabajaron para esa organización. “Pero el registro documental de los vínculos laborales es todavía deficiente” y eso nos lleva a seguir empantanados como en el viejo sistema.

Pero hay más elementos para que el nuevo modelo de justicia funcione. La reforma laboral se inició para alcanzar la libertad y democracia sindical, recuerda el especialista, “porque mientras no haya auténtica representación de los trabajadores no puede haber relaciones laborales reales. Todo es simular: simulo que trabajo, al cabo que simulas que me pagas y eso es a lo que hay que poner fin”.

O sea, se trata de prevenir que los asuntos lleguen siquiera a un centro de conciliación y la reforma a la LFT de 2019 nos da las herramientas, apunta. “La visión de la reforma es cultural. Necesitamos cambiar el concepto de trabajo, de vínculo laboral, de trabajador y de empleador”

Es mentira “que la empresa sea del empresario. Las instalaciones y la maquinaria pueden serlo, pero el proceso productivo en sí no le pertenece de manera tal como para prescindir de la fuerza de trabajo. Si quiere trabajadores comprometidos, lo primero que tiene que hacer es abrirles su espacio, pagarles bien”, detalla.

Y las autoridades conciliatorias y de justicia, por su parte, habrán de hacer un gran esfuerzo para estar a la altura del nuevo sistema, pero también de un nuevo mundo laboral en el que existe el teletrabajo, procesos productivos internacionales y globales y en el que el empleo por plataformas aún no nos descubre hasta dónde puede llegar, concluye.

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