La nueva justicia laboral funciona y le cerró el paso al coyotaje: Domínguez Marrufo

“El nuevo modelo de justicia laboral funciona, es rápido, sencillo, transparente y cierra las posibilidades de corrupción a lo largo del proceso”, afirmó Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en el marco del inicio de operaciones de la segunda fase de implementación del sistema.

Este miércoles se adicionaron oficialmente 13 estados al nuevo esquema de resolución de conflictos obrero-patronales como parte del diseño gradual de implementación de la reforma laboral de 2019, para sumarse así a las ocho entidades federativas que arrancaron operaciones en 2020. De esta manera, el nuevo modelo operará desde esta semana en 66% del territorio nacional.

La delimitación significativa de los plazos para agotar las dos etapas del nuevo modelo de justicia, la de conciliación y la judicial, lograda en la primera fase de implementación del sistema es una prueba para que los trabajadores tengan confianza en los cambios legales, señaló el funcionario federal en entrevista.

El mecanismo de solución de conflictos descansa en gran parte en la conciliación de los casos y  promete reducir juicios laborales que duraban cuatro años, en promedio, a resoluciones en un plazo no mayor a ocho meses. Esto debido a que la etapa de conciliación no puede extenderse más de 45 días y los juicios en los tribunales laborales deben lograr una sentencia en menos de seis meses.

“Hemos habilitado servicios de asistencia telefónica, de buzón electrónico y de expedientes digitales para que los solicitantes, tanto en lo individual como en lo colectivo, tengan todas las facilidades para ingresar sus solicitudes, aportar su documentación y darles seguimiento a sus trámites directamente con el apoyo de las y los servidores públicos del CFCRL vía digital. Lo que evita intermediarios y el llamado coyotaje”, subrayó Domínguez Marrufo.

En ese sentido, el director general del Centro Laboral destacó que hasta ahora el 70% de los asuntos individuales se han resuelto a través de la conciliación, la mayoría de éstos en un plazo menor a los 15 días. Esta proporción es mayor al 60% que se planteó Domínguez Marrufo como meta de conflictos solucionados en la etapa prejudicial cuando inició su gestión al frente del organismo.

“El porcentaje ha estado por encima de la emisión de Constancias de No Conciliación en lo que va del año y pensamos que seguirá así. En siete de cada diez procedimientos de conciliación individual se ha llegado a un acuerdo entre las partes, mientras que en lo colectivo el porcentaje es prácticamente del 100%”, detalla.

El mecanismo de solución de conflictos laborales busca inhibir las malas prácticas que se presentaron bajo el modelo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, donde floreció una industria de litigio en la que se buscaba extender los juicios, perjudicando a los trabajadores.

“Esta es la reforma laboral más importante en cien años. Cada fase ha tenido su complejidad, pero hemos logrado consolidar este nuevo modelo, eliminando los juicios interminables que le niegan justicia pronta y expedita para las y los trabajadores”, expresó el director del CFCRL.

Retos en puerta

De la mano de la puesta en operación de las nuevas autoridades laborales en los 13 estados que integran la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, el CFCRL iniciará esta semana con sus funciones registrales en todo el país, las cuales abarcan los trámites sindicales y el depósito de todos los contratos colectivos de trabajo.

Desde su creación, el nuevo organismo ha tenido desafíos como la integración de un equipo profesional de conciliadores y la implementación de un mecanismo para la conciliación remota debido a las restricciones de movilidad y operación impuestas por la emergencia sanitaria por la covid-19. En la nueva función que asumirá no hay excepción en cuanto a retos; los trámites sindicales implican también la digitalización de todo un proceso administrativo que durante años se realizó en papel.

“Nuestros retos son la transición a plataformas digitales de los trámites que antes se llevaban a cabo en papel y contar con procedimientos que utilizan las ventajas de las tecnologías de la información para brindar certeza y transparencia a los solicitantes, al igual que cuidar los recursos, humanos y materiales, para cumplir con los principios de austeridad y de eficiencia que distinguen a esta administración”, puntualizó Alfredo Domínguez Marrufo.

Además de los trámites sindicales, el CFCRL administrará el Registro Nacional de Sindicatos, una plataforma pública para consultar todo lo relacionado con la vida gremial del país y será un mecanismo de transparencia sobre los contratos colectivos, las dirigencias sindicales y los reglamentos internos de trabajo, entre otros documentos que harán pública las actividades de las organizaciones gremiales.

“Las tareas sustantivas del CFCRL han tenido un crecimiento sostenido a lo largo de 2021, tanto en nuestra sede central como en las oficinas de los ocho estados de la primera etapa, lo que anticipa que en la segunda fase en la que se incorporan 13 entidades más, para un total 21, se incrementen sustancialmente las solicitudes y los trámites", concluyó.