El gobierno es consistente en que no tolerará la corrupción: Fabiola Navarro Luna

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay consistencia en la no tolerancia de actos de corrupción, sin embargo, todavía es muy pronto para conocer la eficacia de las medidas tomadas para combatir ese problema, planteó la coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro Luna.

En entrevista, explicó que en el desempeño de la actual administración federal en el combate a la corrupción hay que distinguir dos líneas de acción: el discurso de la no tolerancia a la comisión de ese tipo de actos y, por otra parte, las medidas adoptadas.

En ese tenor, expuso que la no tolerancia es un eje central en el Programa Nacional de Desarrollo y el programa de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Dijo que hay señales que se están haciendo cosas positivas, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que el presupuesto se gaste mejor y se eviten actos de corrupción, pero “todavía es muy pronto para conocer la eficacia de esas medidas” y de hacer una evaluación general.

La académica comentó que también “hay indicios” que apuntan en el sentido de que pueden estarse generando nuevos problemas, por ejemplo, algunos derivados de las compras consolidadas, específicamente en el ámbito de la salud.

“Parece que lo que hay es que estas medidas de concentración, que tienen como propósito gastar mejor, lo que pudieron haber provocado es una lentitud en el proceso de compra y, con ello, una afectación muy fuerte al derecho a la salud de ciertas personas”, indicó.

Áreas clave de combate a la corrupción

La especialista en el análisis del fenómeno de la corrupción destacó que en el gobierno federal hay dos áreas claves para la no tolerancia de actos de corrupción.

La primera es la SFP, cuya principal función es actuar como un órgano de control de los actos de gobierno y, con ello, prevenir que se cometan ese tipo de conductas.

Si el trabajo de la dependencia va en la dirección correcta, al final del sexenio se verían sus resultados en que no haya casos parecidos a la Estafa Maestra o el de Odebrecht.

“Solo podemos considerar que el control interno funciona cuando se evitan esos grandes casos de corrupción”, remarcó.

La segunda área clave es la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y es donde está todo el trabajo de seguimiento y prevención de la comisión de ilícitos.

En ese sentido, afirmó que los números presentados por su titular, Santiago Nieto, dan cuenta que se ha incrementado exponencialmente el número de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y eso también es positivo.

Destacó que es imposible pensar que no hay registros de operaciones ilícitas y que por ello no se hacían las denuncias, pues sabemos que la delincuencia y los mercados criminales utilizan el sistema financiero para tratar de darle apariencia de legalidad a delitos.

De suma importancia, el trabajo de la Fiscalía

Dicho lo anterior, la académica recalcó que al Ejecutivo estrictamente no le toca el combate a la corrupción, sino a las fiscalías, la federal y las estatales, así como al poder Judicial.

En ese sentido, llamó la atención en que falta mucha información de la FGR para saber cómo están avanzando las denuncias presentadas. “La información es prácticamente nula”.

Subrayó que, en varios casos, las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción han sido acompañadas por auditorías. “No son denuncias indiciarias, son el resultado de un proceso técnico de fiscalización y revisión”.

Dijo que esa situación es muy preocupante porque no se sabe cómo se están manejando los asuntos.

Incluso refirió que, la FGR se niega a informar con el argumento de que afecta a la investigación, sin embargo, recalcó que sí se puede informar y al mismo tiempo tener cuidado en no poner en riego las averiguaciones.

Informar da certeza de lo que se está haciendo y la opacidad genera muchas suspicacias y un ambiente desfavorable en términos de confianza y manda un mensaje muy negativo porque pareciera que no se está haciendo nada, insistió.

Al preguntarle sobre las filtraciones y la discusión generada en el escenario público respecto del caso Odebrecht-Emilio Lozoya, la académica dijo que a lo que deberíamos de aspirar es a un procedimiento cuidadoso, impecable y en la medida que no sea así, hay riesgos muy importantes de contaminación del procedimiento.

“De ninguna manera pude considerarse sano que, en un país con una debilidad institucional tan baja como la de México, el presidente de la República sea el que, un día sí y el otro también, esté hablando del caso y de cómo, en su opinión, se tiene que desahogar. Yo encuentro impertinentes, estas declaraciones y estos llamados y estas peticiones a la fiscalía para que difunda y haga cosas al margen de lo que la ley le establece”, abundo.

En ese caso, aclaró que, en un régimen ideal, eso debería ser perfectamente compatible. Es, decir, la posibilidad de que un mandatario opine públicamente de un hecho relevante, pero en un sistema fuerte, confiable, que en México no lo tenemos.

Diego.badillo@eleconomista.mx