Conciliación de conflictos laborales logra 69% de efectividad con la reforma

A ocho meses de implementarse la nueva justicia laboral en ocho estados del país, la conciliación tiene una tasa de efectividad del 69.5% a nivel local. Los centros de conciliación en los estados han resuelto casi 7 de cada 10 asuntos individuales que reciben, informó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, Alcalde Luján expuso los avances de la reforma laboral en los estados. En ese sentido, la funcionaria destacó que los tribunales laborales locales han emitido 212 sentencias, logrando resolver los juicios en un promedio de tres meses y medio, casi la mitad del plazo máximo para agotar esta etapa del nuevo mecanismo de solución de conflictos.

Hasta el momento, la tasa de conciliación es mayor a lo requerido para evitar una saturación de los tribunales laborales y, por lo tanto, juicios más tardados. Al asumir la dirección general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo consideró que se deben lograr resolver el 60% de los conflictos en la etapa prejudicial para garantizar el éxito del nuevo modelo de justicia.

Este año serán 13 estados los que contarán con el nuevo mecanismo de solución de conflictos laborales, creando sus centros de conciliación y tribunales locales. En la reunión del Consejo, se aprobó la incorporación de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo en lo local y Guerrero en lo federal, a la segunda fase de implementación de la reforma laboral.

Para este año, la Secretaría del Trabajo cuenta con un presupuesto de 649 millones de pesos para un subsidio al que pueden acceder los gobiernos estatales que participan en la segunda fase de implementación de la reforma laboral de 2019, un apoyo para la creación de sus centros de conciliación.

De esta manera, a partir del 1 de octubre de este año, habrá 21 entidades con la nueva justicia laboral que tiene una carga importante en la conciliación y promete resolver los asuntos en un plazo máximo de ocho meses, considerando las dos etapas: conciliación y juicio.

En esa misma fecha, el Centro Federal de Conciliación asumirá a nivel nacional sus funciones registrales como el depósito de los contratos colectivos, los registros sindicales y reglamentos interiores de trabajo; estos procedimientos dejarán de realizarse ante las Juntas de Conciliación Arbitraje.

Avance disparejo

En lo vinculado a las nuevas reglas de democracia sindical, la respuesta no es pareja. Los sindicatos con registro federal muestran un mejor avance en comparación con las asociaciones gremiales locales.

En materia de adecuación de estatutos, donde los sindicatos deben establecer la democracia sindical, transparencia en el manejo de recursos y equidad de género en sus directivas, a nivel federal se tiene un avance de 94.42%, mientras que en materia local se cuenta con el 38.69 por ciento.

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) también establecieron la obligación de legitimar los contratos colectivos existentes, un procedimiento que consiste en consultar a los trabajadores si están de acuerdo o no con las condiciones contractuales; mediante el voto libre, personal, directo y secreto, la fuerza laboral otorga su respaldo o rechaza el contrato colectivo.

El balance hasta el momento es de 1,426 contratos colectivos legitimados con la participación de 780,959 trabajadores a través de 3,498 consultas. Las autoridades estiman que para octubre serán un millón de trabajadores consultados sobre sus condiciones contractuales.

Los sindicatos tienen hasta el 2 de mayo de 2023 para cumplir con este procedimiento; en caso de no hacerlo, el contrato colectivo desaparecerá y las condiciones establecidas en este quedarán protegidas en contratos individuales. La legitimación tiene como objetivo depurar los acuerdos contractuales de protección, firmados por representantes sindicales sin el consentimiento de los trabajadores.

Por otra parte, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral aprobó el inicio de gestiones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reforzar la relación de cooperación técnica de capacitación a nivel nacional, para los nuevos operadores del sistema de reforma laboral; así como la elaboración de un plan de acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la reforma laboral.