Trabajadores refugiados en el país aportan 138 millones de pesos al año en impuestos

Tan sólo un grupo de 25,000 personas refugiadas, contratadas por empresas en México, aporta cada año 138 millones de pesos en impuestos y contribuciones estatales. Esa cifra es casi tres veces el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el cual es de 48.3 millones de pesos para 2023.

Pero si todas las personas que han solicitado asilo desde 2020 a la fecha tuvieran un empleo formal, apenas en seis meses el Estado mexicano recaudaría alrededor de 609 millones de pesos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Dicha cantidad es superior, por ejemplo, a lo que la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene autorizado gastar todo este año. También es mayor al presupuesto 2023 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Recibir a las poblaciones que huyen de sus países por algún tipo de riesgo, otorgarles la condición de refugio y ayudarles a encontrar un empleo “funciona para las personas (refugiadas), las empresas y para la sociedad en su conjunto”, dice en entrevista Florian Hoepfner, oficial de Soluciones Duraderas del ACNUR en México.

En 2016, dicha agencia de la ONU lanzó en el país un programa de reubicación e integración laboral que debería ser replicado por muchos motivos, señala Hoepfner.

El primero, por humanidad y responsabilidad. Quienes solicitan la condición de refugio es porque recibieron una amenaza directa de persecución o por violaciones graves a sus derechos humanos. Muchas de las situaciones de las que escapan fueron impulsadas por políticas de otros países.

Después, porque en el país hay sectores que necesitan de más talento. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “las fricciones comerciales” entre Estados Unidos y China están impulsando y presionando a fabricar los semiconductores (chips) en esta parte del mundo para suplir los que produce el país asiático y dando lugar al nearshoring (deslocalización). Para ello se necesitará más personal.

Y en México es necesario que sea una política pública y no un programa de la ACNUR, dice el funcionario de la agencia. La población que, camino a Estados Unidos, decide o se ve orillada a quedarse en México va en aumento y ésta es una buena salida a esa situación, agrega.

En 2014, “teníamos poco menos de 2,000 solicitudes de refugio al año a nivel nacional; el 2022 cierra con más de 118,000. Hablamos de 250,000 solicitudes de asilo en los últimos 22 años”, dice el funcionario de la ACNUR. 

¿Cómo funciona el programa?

El programa de la ACNUR es gratuito y se pueden beneficiar quienes ya cuentan con la condición de refugio concedida por el gobierno mexicano.

La mayoría de esta población ingresa por el sur del país. Sin embargo, en esa área “únicamente el 10% de los adultos refugiados en edad de laborar está trabajando”. De esa minoría, la mayoría lo hace en el sector informal. Además, el 82% de las niñas, niños y adolescentes refugiados “no está escolarizado”.

Por ello, uno de los primeros pasos es reubircarles en otras regiones según “las necesidades del mercado laboral, para que pueden acceder a un empleo formal, constribuir al desarrollo económico y también acceder al sistema de protección social”, explica Florian Hoepfner.

Luego de que ingresan al programa, el 92% de las personas adultas tiene empleo formal “y el 90% de de los hogares y reportan que todos los niños están escolarizados”. Esto también reduce “la presión sobre las comunidades de primera acogida en el sur del país”, donde las oportunidades de inclusión socioeconómica “son limitadas”.

En el arranque del programa, en 2016, hubo 38 personas participantes. Cada año ha ido incrementando, actualmente son más de 29,000 personas y 400 empresas aliadas en 10 ciudades del país en las siguientes entidades del Bajío, Centro y Centro Norte de México:

• Coahuila
• Jalisco
• Aguascalientes
• Nuevo León
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Guanajuato

El Servicio Nacional de Empleo (SNE), así como las secretarías del Trabajo estatales apoyan en la vinculación laboral, la cual tiene que empatar las preferencias y el perfil de las personas refugiadas y “las necesidades del mercado laboral a nivel local”.

Una vez que ya han encontrado un empleo “que corresponde a su perfil y a sus expectativas, les apoyamos en la búsqueda de vivienda cerca de su centro de trabajo y les otorgamos un apoyo económico que les permite recubrir el primer mes de renta o un poquito más”. De esa manera tendrán algunas de sus necesidades básicas cubiertas hasta recibir su primer salario.

Ventajas, retos y algunas soluciones

La tasa de rotación, que genera diferentes gastos a las empresas, es otro indicador para medir el éxito o revés del programa. Las métricas para el personal autóctono indica que el 6% sale de la compañía. Pero esto pasa con apenas el 0.9% de la población refugiada.

“Para la empresa es muy lucrativo”, dice Florian Hoepfner. Y lo están aprovechando quienes ya lo comprobaron: “Hay una que empezó con 200 contrataciones en Saltillo, Coahuila y ahora lleva más de 800 en otras entidades”.

Sin embargo, “al inicio, muchos directores de Recursos Humanos no sabían en qué figura legal ubicarles y no tenían conocimientos de los documentos que emite el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración”.

No obstante, la principal barrera es la inclusión financiera. La mayoría de los bancos tienen políticas que les impide a esta población abrir una cuenta bancaria para recibir su salario o solicitar un crédito.

“Si pudiera hacer un llamado, sería ése”, que los bancos modifiquen sus políticas de acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en reconocimiento a los derechos de las personas refugiadas. Es decir, están en sus posibilidades hacerlo.

El segundo reto es más coyuntural, dice, pero con un impacto visible, y tiene que ver con la demora en las citas para procesar las solicitudes de refugio. Pero desde 2020 esta situación ha sido mejorada con la digitalización de los procesos de regulación migratoria, reconoce.

Actualmente las autoridades pueden emitir el documento en unos cuatro meses, “que es mucho tiempo para las personas necesitan trabajar y generar ingresos de manera inmediata”. Pero antes de esto tardaban más de un año. La creación, desde 2018, de la Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros ha sido otro avance para que tengan un documento de identificación.

Otra gran reforma, dice, fue la del sistema de salud de noviembre de 2019. Hasta ese entonces, la población refugiada tenía negado el derecho a la salud incluso con el Seguro Popular. Ahora, la cobertura es universal para solicitantes de asilo o personas refugiadas reconocidas.

Florian Hoepfner es enfático: Es momento de pensar en vías de movilidad laboral, que las personas de accedan a oportunidades y al mismo tiempo las empresas puedan cubrir sus necesidades de talento. Además, “en vez de invertir presupuestos impresionantes en sistemas de control migratorio, devolución” y de asumir el costo político y el desgaste, “proponer una política migratoria” que les ayude a todos los involucrados.