Una ley con cada vez menos sujetos para regular

Dentro de la enorme gama de cuestiones a mejorar en el mundo laboral, hoy tenemos varios pendientes. Describiéndolos en el orden de importancia, podemos hacer la siguiente lista: la incorporación de la totalidad de la población económicamente activa a la formalidad; una legislación incluyente para trabajadores de confianza y sindicalizados; la mejora en los derechos laborales de los trabajadores al servicio del estado, quienes quedan la mayoría de las ocasiones en grado de indefensión, y una justicia con personal capacitado que otorgue confianza, eficacia, eficiencia y rapidez.

Si cubriéramos los puntos antes señalados, nuestro lugar dentro de la medición del World Justice Project no estaría debajo de Liberia, Angola y Mali en la posición 115 de entre 140 países del Índice de Estado de Derecho. Pero olvidémonos de ese ranking mundial. La percepción se une a la realidad: no existe justicia real para los trabajadores y empleadores mexicanos. ¿Qué hemos hecho mal en materia laboral, incluso al considerar que recientemente actualizamos nuestra legislación?

Vamos a empezar a relatar lo que sucede. La Ley Federal del Trabajo (LFT) sólo aplica para muy pocas personas trabajadoras. De acuerdo con las últimas cifras de ocupación y empleo, en México tenemos más de 128 millones de habitantes, de ellos, 59.4 millones de personas son población económicamente activa (formales e informales).

En tanto, la tasa de informalidad en México, según las cifras del Inegi, equivale al 55.6% de los ocupados mayores de 15 años, es decir, 31.9 millones de personas trabajan en la informalidad –no están protegidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no pueden acceder a la justicia mediante la aplicación de la LFT–. El resto, 25.5 millones de personas ocupadas, son formales.

Un dato interesante o preocupante es que el promedio escolar en México es de 9.7 años. Dependiendo el punto de partida escolar, podemos considerar que la escolaridad de la mayor parte de estas personas económicamente activas sólo llega a la secundaria trunca o finalizada. Lo que implica que, en un futuro a diez años puede que pertenezcan a la nueva clase que Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI describe como clase inútil, no como un sarcasmo o algo despectivo, sino describiendo el hecho de que no habrá empleos para los mismos, por lo cual no podrán tener lo mínimo indispensable para sobrevivir.

Recapitulando, del universo de 59.4 millones de población económicamente activa, pareciera que sólo a 25.5 millones personas les aplica la LFT y todos sus beneficios, tales como; seguridad social, aumento de salario mínimo, protección en contra de trabajo infantil, abusos de cualquier índole y prestaciones como vacaciones y aguinaldo.

Pero hay una gran excepción dentro de la formalidad, la de los trabajadores denominados de confianza, cuya acotación de derechos es tan pronunciada, que el valor más importante que es la estabilidad laboral resulta inexistente, y eso sólo se entiende en las relaciones con los empleadores únicos o físicos, cuando no se puede mantener una relación laboral porque ha quedado afectada por una cuestión de índole personal, pero en trabajos de empresas que tienen muchos empleados no debería aplicar.

Podemos explicar lo anterior de la siguiente manera. Dentro de la LFT existe una serie de artículos que señalan que un trabajador es aquella persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Concluye indicando que el trabajo será toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

Pero otro artículo hace la excepción, porque divide a los trabajadores, sin claridad alguna, de otros a los que denomina “de confianza”. Ya habíamos comentado que en principio un trabajador es una persona subordinada, pero resulta que si se desarrollan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, así como las que se relacionen con trabajos personales del patrón, dentro de la empresa o establecimiento, se considerará personal de confianza.

Es decir, en general, tener mayor preparación y salario representa un menoscabo a los derechos laborales, ya que resulta indudable que los puestos que desarrollan los liderazgos y que perciben mayores salarios tienen dichos perfiles. Por consiguiente, este tipo de personal está al margen de la ley y no tienen estabilidad laboral. En resumida cuenta, a esos 25.5 millones de personas que laboran en la formalidad debemos restarles los trabajadores de confianza.

Pero además, viendo qué el movimiento sindical se ha adelgazado en todo el mundo y que la automatización mediante la inteligencia artificial, el Big Data y el machine learning –elementos que conforman los sistemas de creación de algoritmos para hacer funcionar desde una app hasta un robot– están avanzando con un dinamismo implacable, podemos tener certeza que la mayor parte de los trabajadores mexicanos para finales de 2030 ya no serán el común de trabajadores obreros y campesinos sindicalizados que protege la LFT, sino aquéllos que tengan una capacidad educativa superior, que puedan acceder a empleos adaptados a la automatización y con conocimientos especializados, es decir, bajo la definición del artículo 9 de la LFT,  por lo que en su mayoría serán personal de confianza, quienes quedarán al margen de una ley que supone protege los derechos de estabilidad laboral.

Es tan avanzado el impacto de la automatización, que incluso la OIT ha tratado de generar políticas nacionales para que se revolucione el aprendizaje y poder manejar este entramado que incluye a máquinas que piensan y ejecutan tareas, que crean mercancías tangibles e intangibles que serán colocadas en el mercado. Se trata de software inteligente, robótica, Big Data e Inteligencia Artificial que con su avance destruirán empleos existentes y generarán otros de mayor cualificación. Gobierno y compañías, ya los utilizan.

Ante este escenario de avance tecnológico se estima que cada vez habrá menos colaboradores sindicalizados con capacidad técnica y que la mayoría del movimiento productivo será a través de personal de confianza. Así que tenemos que realizar una mejor ley para protegerlos o el empleo formal no tendrá futuro.