No es momento para desparramarse

Admitir la controversia constitucional que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso contra el más reciente decreto de la secretaria Rocío Nahle no obligaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a suspenderlo. Además de que no es una exigencia del proceso, el decreto entero ya estaba suspendido por otros tribunales. Al ir más allá de lo requerido, la suspensión otorgada por el ministro José María Aguilar envía una clara señal: si las pretensiones expansionistas de la secretaria Nahle para amasar más poder en el plano eléctrico no se alinean con la ley, el poder judicial está listo para intervenir y contener.

La secretaria puede invocar el interés público ante los medios de comunicación todo lo que quiera. Pero sobre este concepto, la secretaría, compañías e institutos de investigación que preside no tienen un monopolio. Hasta que no logre mostrar que sus acciones realmente respetan la esfera de competencia de la autoridad de competencia económica –y que no violan el interés público al pretender limitar tendenciosamente el acceso a un bien público y posiblemente dañar el medio ambiente– sus acciones se van a tener que contener, al menos en lo sustantivo.

Para el presidente y el resto del gabinete, esta era una gran oportunidad. Los reclamos del cuerpo diplomático de Estados Unidos por el decreto Nahle y otras acciones similares se han vuelto focos de problema para la relación bilateral. Pero de cara a las reuniones de la primera cumbre bilateral de este gobierno con el de Estados Unidos, el secretario Marcelo Ebrard, la secretaria Graciela Márquez y la embajadora Martha Bárcena tenían la salida perfecta: mientras las suspensiones estén vigentes, la maraña energética no debe entenderse como un problema de Estado de Derecho sino como un ejemplo de que la secretaria Nahle no es la única autoridad. Se entiende que los inversionistas se puedan preocupar, podrían empatizar. Pero, con todo esto detenido, no hay daño que reclamar ni atropello que indemnizar. Además, ¿hay mejor ejemplo de Estado de Derecho que poder citar que la Corte, mostrando plena independencia, ha detenido acciones del propio gabinete?

Para poder aprovechar la oportunidad en realidad sólo había que contenerse. No desparramarse. Pero el pecho del señor presidente no es bodega. Y, con todo lo que su gabinete energético le ha alimentado, aparentemente no pudo aguantarse. “A todas luces se trata de un fraude a la hacienda púbica y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la CFE y a los dueños, accionistas de estas empresas”. Tremenda acusación sin nombres, ni pruebas, ni evidencias. ¿En qué tesis se sostiene que la corrupción ya pueda ser un tema de percepción general, industrial y no de hecho personal o particular?

El tiempo está corriendo. Lo que hasta ahora se ha interpretado como un par de ocurrencias mañaneras, pronto podría implicar que el presidente haya traspasado los umbrales tradicionales del riesgo político y regulatorio al criminalizar las discrepancias de política pública. Si de por si es grave cambiar las reglas y moverle el tapete a inversionistas y accionistas extranjeros buscando hacerlos caer, como las recientes declaraciones diplomáticas ilustran, ¿cómo se caracterizaría la persecución generalizada de accionistas y funcionarios de competidores de una de las empresas que el controla?

El presidente está en la antesala de la cumbre internacional más importante de su presidencia, al menos hasta el momento. Está a punto de celebrar la entrada en vigor del tratado comercial más relevante de su presidencia. No es momento para desparramarse.