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La salud en México se privatiza sin orden ni control
Cada vez son más quienes en México recurren a servicios privados de salud, y ello es reflejo inevitable del creciente gasto de bolsillo. Ya lo había reportado el Coneval, el Inegi lo reafirmó en diciembre y en la última semana lo confirmó el resultado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2022 que levanta el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El INSP, que dirige Eduardo Lazcano Ponce, confirmó cómo avanza el gasto de las familias en salud tanto en consultorios médicos particulares como en consultorios adyacentes a farmacias (CAFs) como en hospitales privados. Casi 49% (48.8%) de la población recurrió a instancias privadas para atender su salud, una proporción mayor que el 43.4% registrado en esa misma encuesta en el 2018 justo al inicio del presente sexenio. Es decir el avance de la privatización en esta administración es de más de 5 puntos porcentuales.
Hoy ya no hay duda de que prácticamente la mitad del gasto en salud es desembolsado por las familias en instancias privadas y ello innegablemente refleja una privatización de la salud. Ello va en contra del objetivo de la actual administración que prometió cubrir la salud para todos con medicamentos gratuitos para todos.
La realidad es que en vez de avanzar en la cobertura pública universal, en los últimos años hemos ido en retroceso. Muchos mexicanos están decidiendo pagar la atención de su salud del bolsillo familiar yéndose hacia opciones particulares aunque les cueste e incluso aunque sean derechohabientes -lo cual genera duplicidades e ineficiencias-, y ya sabemos que muchas veces es un gasto catastrófico, es decir empobrecedor. Pero además, ese crecimiento de la demanda hacia el sector privado se da en forma desordenada y caótica por falta de claridad en la regulación.
Y lo más triste, es un fenómeno muy injusto pues impacta a los segmentos de menores ingresos. El economista de la salud y exsubsecretario Eduardo González-Pier mostró el viernes la evidencia en su ponencia en el Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales (SNHP) con unas gráficas que reafirmaron la participación creciente del sector privado. Reveló que de 2016 a 2020 el creciente gasto catastrófico en los deciles de menor ingreso se expandió sobretodo en medicamentos, y no tanto en el rubro hospitalario, pero ésto último más bien se debería a la falta de acceso.
Distintos participantes en el evento de la ANHP coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente las instituciones de salud pública con las privadas, y que para ello se requiere de acuerdos sobre tabuladores, paquetes a incluir y reglas claras.
Por cierto, sabemos que el Consejo de Salubridad General está por emitir nuevas reglas para certificación y acreditación de hospitales, sobre lo cual ya estaremos reportando.
Enmedio de todo esto, resulta irracional que haya una desvinculación absoluta entre la oferta médica del gobierno y la oferta médica privada, que a final de cuentas ambas forman parte del sistema nacional de salud.
La infraestructura privada naturalmente se está expandiendo para cubrir a su creciente clientela, y la autoridad en los hechos la ha ignorado como si no existiera. De hecho en el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 no hay una sola mención de los servicios privados de salud. La 4T asumió que todo lo iba a cubrir con el extinto Insabi, y al desaparecer el Seguro Popular dejó de recargarse en la subrogación que permitía el apoyo de hospitales, clínicas y laboratorios privados a las instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, etcétera.
Algo interesante es que hay estados no adheridos al IMSS-Bienestar, como Jalisco y Nuevo León, que sí están considerando la infraestructura privada y viendo cómo sumar fuerzas. Sobre ello, entre otros puntos, se expuso en la mesa "Retos para ir rumbo a un sistema nacional fortalecido" que tuve la suerte de moderar y donde participaron Alma Rosa Marroquí, secretaria de salud de Nuevo León; Fernando Petersen Aranguren, secretario de salud de Jalisco; Guillermo Torre Amione; rector de TecSalud y Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de Funsalud.
En vísperas de que se defina nueva DG en INER
Esta semana es la decisiva en el cambio de estafeta en el INER. La terna final de donde saldrá el nuevo director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está entre: Carmen Margarita Hernández Cárdenas, que nos comentan es la candidata del comisionado coordinador de la CCINSHAE, Gustavo Reyes-Terán, es decir, sería la elegida por la 4T; un problema con ella es que fue la responsable del protocolo en el que se trataron pacientes graves de Covid19 con la hidroxicloroquina tan cuestionada en el ámbito médico profesional. Justino Regalado Pineda es el otro candidato que sería el más respetado y apoyado por la comunidad investigadora de dicho Instituto, es considerado toda una institución dentro del INER. Y Juan Carlos Vázquez García, quien dirige el área de Enseñanza, es el tercero de la terna que podría ser el elegido en caso de no haber acuerdo entre los 2 equipos. Es decir, podría repetirse la historia del Inmegen donde se decidió al final en forma salomónica.
