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Mancera propone mayores penas por tráfico de armas
Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para adicionar un capítulo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para imponer una pena de hasta 30 años de prisión por la venta de armas de procedencia ilícita.
Foto: AFP
El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para adicionar un capítulo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para imponer una pena de hasta 30 años de prisión por la venta de armas de procedencia ilícita.
En su iniciativa, el legislador señaló que si bien la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla los delitos de uso, acopio y venta ilícita de estos artefactos, es necesario endurecer las penas cuando entren de manera ilegal al país.
Explicó que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, la mayor parte de las armas que ingresan de manera ilegal a México son pistolas y armamento de grado militar, y 99% del tráfico se lleva a cabo de manera terrestre.
Por ello, el senador propuso modificar dicha ley, a fin de castigar con penas de 15 a 30 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a quienes participen en la venta, acopio y posesión de armas de procedencia ilícita.
La iniciativa, precisó el coordinador del PRD, plantea “un endurecimiento de penas y una ampliación de la descripción típica, en lugar de tener un capítulo único, estamos separándolo y estamos dándole mayor fuerza al tráfico de armas con penalidades más serias, las que tenemos ahora son muy laxas”.
Mancera Espinosa expuso que entre las consecuencias por el flujo irregular de armamento está el incremento en los delitos cometidos con estos artefactos.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2019 se cometieron 38,855 homicidios, de los cuales alrededor de 47% fueron con arma de fuego, es decir 18,396.
En comparación con el mismo periodo del 2018, se observa un aumento, ya que el año pasado hubo 38,027 asesinatos, de los cuales 17,876 fueron con un arma de fuego, conforme al Secretariado Ejecutivo.