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Comisión a modo da a Gertz Manero acceso al nivel III del SNI de manera irregular, dice la doctora Susana Quintanilla Osorio
“Ser parte de una comisión dictaminadora te confronta muchísimo, te exige una cuestión ética, de imparcialidad, escucha, de realmente meterte en las lógicas, con perspectiva, pero nunca siendo complacientes con las propuestas de candidatos”.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Foto EE: Archivo
El actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, luego de 11 años y numerosas controversias, logró el acceso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III, un reconocimiento que de ordinario se otorga a los científicos e investigadores más experimentados del país.
En opinión de la doctora Susana Quintanilla Osorio, investigadora del Cinvestav y SNI III, “esta fue la peor resolución posible de un proceso que inició en 2010 y que tiene como protagonista central nada más y nada menos que al actual fiscal”. En su momento ocupó el cargo de rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) por lo que solicitó reiteradamente el ingreso al SNI pero esto fue rechazado por las comisiones dictaminadoras, mismas que funcionan por área de conocimiento y con base en el reglamento vigente, pero también con particularidades desprendidas de cada disciplina.
Explica que esto es como un rompecabezas, “si se ve como una pieza suelta, no se entiende la magnitud del problema y no pasa nada”, pero al unirlas queda expuesto un panorama que muestra toda una visión de política científica que preocupa. “Si esto pasa como si nada, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a los investigadores y a la sociedad? Entonces podríamos tener más discusiones legales que académicas”.
Ante la falta de elementos que lo acreditaran como un candidato viable y después de recurrir a diversas instancias legales, fue a través de la Conapred que se abrió la posibilidad. Las actuales autoridades del Conapred argumentó discriminación; sin embargo, de acuerdo con la también ex integrante de la Comisión Dictaminadora en el área de Humanidades, los términos de discriminación no están en juego cuando hay criterios académicos, porque se trata de una evaluación por pares y criterios de lógicas completamente distintas, es decir, se cumple o no con los requisitos, explicó.
Cabe mencionar también que las resoluciones del Conapred no son vinculantes, es decir, pueden ser admitidas o no por el organismo señalado, en este caso el Conacyt. “En este sentido, este órgano no consideró que la base del SNI, su desarrollo, funcionalidad y justicia está en las comisiones dictaminadoras”, mismas que no fueron tomadas en cuenta ya que se creó una comisión especial y fuera de tiempos para la resolución del caso, pues el Reglamento del SNI vigente (publicado el 20 abril de 2020 en el DOF) no contempla comisiones evaluadoras especiales y mucho menos ex profeso como revela el dictamen que le otorga al servidor público este nivel.
“Es la misma Dirección General del Conacyt, a través de la doctora María Elena Álvarez Buylla, quien de manera contundente actúa contra las comisiones dictaminadoras diciendo que habían actuado de manera discriminatoria, poco objetiva y mal argumentada. Eso es darse un balazo en el pie, descalificas a los propios investigadores, a la par otorgas irregularmente el nivel III con la firma de un presidente de una comisión inexistente formal y reglamentariamente (...) Casualmente también el nuevo Reglamento del SNI faculta a los funcionarios públicos para, a la par, poder recibir los apoyos, la pregunta aquí es si un funcionario hoy de tiempo completo recibirá más de 38,000 pesos mensuales por su labor como investigador”.
En paralelo, la convocatoria para la conformación de las comisiones dictaminadoras regulares recién se publicó y los criterios actuales para que estén alineados con el nuevo reglamento no se han discutido. Tampoco se dio aviso formal del nombramiento de una nueva directora del SNI, además de que se dieron varias renuncias que llevaron a los investigadores a firmar hasta tres veces sus solicitudes.
La doctora concluye que frente a una sociedad que no está enterada de todos estos procesos y que no tiene por qué estarlo, y con un panorama en donde se descalifica constantemente a los investigadores y hasta se les llama mafiosos, esto perjudica la percepción de lo que realmente es un sistema de investigadores. Esto se suma a las interrogantes que hay para la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, a la descalificación de algunas instituciones y al desconocimiento de las lógicas de evaluación, “con todo esto te das cuenta que no es solo un lapsus”.
